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Loma de Bácum.- Luego de que dos días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio yaqui, la Fiscalía de Sonora informara la confirmación de la identidad de ADN de siete de diez personas desaparecidas en la reserva yaqui, las víctimas indirectas exigen otra prueba genética.
La desconfianza de la tribu hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aumentó porque a través de los medios de comunicación tuvieron conocimiento que había coincidencia de restos óseos localizados en territorio yaqui con otras dos personas.
Ello, sin que se le entregara a las familias ninguna información clara ni evidencia científica que acredite dichas afirmaciones.
En conferencia de prensa moderada vía remota por Citlali Hernández, coordinadora nacional de la organización Indigenous Peoples Rights International, desde la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, las víctimas indirectas, representadas por Anadela Carlón, expresaron malestar con la Fiscalía de Sonora.
Informaron que a 105 días de la desaparición de diez personas, siete de ellas de origen yaqui, el dolor por no saber dónde están es inimaginable.
Desde el 14 de julio están desaparecidos Leocadio Galaviz Cruz, Martín Hurtado Flores, Eladio Molina Zavala, Fabián Valencia Romero, Braulio Pérez Sol, Fabián Sombra MIranda, Juan Justino Galaviz Cruz, Artemio Arballo, Gustavo Acosta y Benjamín Portela.
Anadela Carlón dijo que hasta el día 25 de octubre se les hizo pública la información sobre la identificación por ADN de seis personas Yaquis y uno no indígena.
Por ello, los familiares también hicieron pública su desconfianza hacia los resultados de ADN proporcionados sin mayor explicación científica, ya que desde el 19 de septiembre se hablaba de manera general de los hallazgos en el cerro del Chichiquelite con respuestas muy políticas hacia los familiares.
Los presuntamente identificados por la Fiscalía son: Eladio Molina Zavala, Fabian Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Braulio Pérez Sol, Martín Hurtado Flores, Juan Justino Galaviz Cruz y Gustavo Acosta Hurtado el último es no indígena.
Ariel Arballo, hijo del desaparecido forzado Artemio Arballo, dijo que apenas ayer les informaron que sobre las desapariciones forzadas había órdenes de aprehensión en contra de culpables, solo datos generales, nada precisos.
Ante esa circunstancia solicitaron un asesor jurídico, además denunció que se violó la cadena de custodia de los objetos encontrados por familiares de los desaparecidos, otros forman parte de la investigación y serán entregados después a los familiares.
Refirió que requieren de apoyo económico para continuar con la búsqueda, así como ayuda económica para sustento y tratamiento psicológico para familiares de desaparecidos. Además,solicitaron acceso a la carpeta de investigación. Sus demandas fueron escuchadas y con promesa de respuesta.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sufragará los gastos de una segunda prueba de ADN.
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afcl
