Celaya.— Para las familias de las seis mujeres privadas de la libertad y de las cuales cinco, según se confirmó, fueron asesinadas, las investigaciones y actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato han sido a medias.
No dan su nombre ni permiten ser grabadas. Tienen miedo a represalias del crimen organizado e incluso de la misma FGE, que las tiene en calidad de “víctimas indirectas protegidas”.
Se dicen en la etapa de duelo. “Ya brincamos el coraje y buscamos la aceptación, pero no con amenazas, ni intimidaciones. Lo que queremos es que ya nos entreguen los cuerpos”, expresa una de las familiares.
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De la alcaldía a la Fiscalía Regional C y de regreso, es el recorrido que hacen los dolientes de Paulina Berenice Reséndiz, Mariana Gutiérrez, Sandra Daniela Paredes, Rosa María Pérez y Gabriela Barbosa, de 25, 19, 24, 42 y 48 años de edad, respectivamente.
También es el trayecto de la familia de Yoselín Daniela Zamorano, de 20 años de edad, de quien todavía no se confirma si está entre los seis cuerpos hallados en un predio del municipio de Juventino Rosas.
Ante la falta de claridad en la explicación que ha dado la FGE sobre el caso, un grupo de ciudadanos se manifestó en la presidencia municipal de Celaya.
La respuesta del alcalde Javier Mendoza Márquez fue cerrarle las puertas a quienes se presentaron para exigir justicia por las mujeres que estuvieron desaparecidas cerca de una semana.
Policías municipales y escoltas del alcalde fueron la barrera para que los familiares y manifestantes ingresaran al ayuntamiento, en busca de ser escuchados.
Eso no fue impedimento para que levantaran la voz. La tía de Yoselín exigió acelerar los procesos para las pruebas de identificación de la joven, pues sólo quiere darle el último adiós y que este calvario termine.
“Yo sé que ya no nos la van a entregar viva, pero todavía falta el cuerpo de mi sobrina, que no aparece. Aparecieron los de cinco, pero mi sobrina todavía no hay nada”, lamenta.
Así, con esa exigencia, culminó la manifestación que duró cerca de dos horas en el primer cuadro de la ciudad de Celaya.
La escena del crimen
Del punto en el que, según las investigaciones, fueron raptadas las primeras cinco mujeres, al punto en el que fueron hallados los restos son cerca de 12 kilómetros. Este sitio es casi inaccesible por la movilidad del crimen organizado. Está encallado en la localidad de El Cerrito, municipio de Juventino Rosas.
Los cuerpos encontrados estaban calcinados dentro de una excavación vigilada por tierra y aire, por el grupo armado local, quien controla esa y otras comunidades de los alrededores.
“Miren, si van a ir, está lejos y muy cabrón. Nosotros entramos con el Ejército Mexicano y aun así esos cabrones mañosos nos vigilan hasta con drones”, comenta un elemento de la Policía Estatal que resguarda una zona donde encontraron un cuerpo más la tarde de ayer.
En el abandono
En Celaya, Guanajuato, a pesar de lo ocurrido y de que es de las ciudades más violentas del país, no hay un sólo operativo ni recorridos de vigilancia de la Policía Municipal o estatal. Es tierra de nadie. Tampoco hay presencia de la Guardia Nacional, ni de elementos del Ejército Mexicano.
EL UNIVERSAL hizo un recorrido en ese municipio de la región Laja-Bajío de esa entidad del occidente del país, envuelta en una guerra entre cárteles desde hace 10 años.
La radiografía criminal de las autoridades de seguridad señala que la disputa es entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Celaya, las zonas rurales son controladas por el CDSRL, mientras que la parte rural ha sido dominada por el CJNG.
La batalla es cruenta y para la ciudadanía a ninguna autoridad le interesa la seguridad de un municipio y un estado, acusan, cogobernado por grupos del crimen organizado.
Sonia González, activista feminista, denunció que Celaya hoy por hoy es un nido de feminicidios y de muchas desapariciones, por lo que “no debemos acostumbrarnos a eso.
“No debemos acostumbrarnos a que haya impunidad porque estas mujeres dependen de nosotras y de toda la sociedad de Celaya, que haya justicia, No debemos esperar a que haya en nuestras casas”, enfatizó la activista.
Otra de las activistas recriminó que mientras las autoridades juegan su papel de “amnesia y ceguera”, en torno a lo que pasa en Celaya los habitantes padecen esa indiferencia.
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