Hermosillo.— Decenas de personas, entre habitantes del río Sonora e integrantes de colectivos ciudadanos, marcharon por las calles de esta ciudad para exigir a los gobiernos federal y estatal verdad y remedio para el afluente, así como el retiro de la concesión minera a Grupo México, que dirige Germán Larrea Mota Velasco.
Recordaron que hace cinco años 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se vaciaron en los ríos Bacanuchi y Sonora, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud.
La causa: la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, registró un derrame en una de las piletas de lixiviados.
Las sustancias recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito, la cual abastece de agua a los habitantes de Hermosillo.
La salud de la población de los municipios Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús fue afectada, pues se contaminaron las fuentes de abastecimiento de agua, los cultivos y los animales.
El 15 de septiembre de 2014, Grupo México creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para responder a los afectados y resarcir daños al medio ambiente. Fue operado por un comité técnico conformado por la empresa y el gobierno federal. A pesar de que apenas se había ejercido en 61%, lo extinguieron el 2 de febrero de 2017.
Entre las acciones que se realizarían con el fideicomiso estaba la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS), que operaría hasta 2029, pero fue abandonada.
A la deriva. De acuerdo con la información pública del portal Fideicomiso Río Sonora, el 6 de agosto expiró un convenio firmado el 19 de enero de 2017 entre la Cofepris y Grupo México, para dar seguimiento y atención a 381 personas reconocidas como afectadas por el derrame en la UVEAS. Quedaron sin atención médica.
Marco Antonio García, vocero de los afectados, dijo: “Estamos condenados a muerte.
“En tres meses 16 personas han muerto, esto no es normal, ya tenemos los metales en la sangre, la contaminación nos está afectando diferentes órganos”.
Detalló que las plantas potabilizadoras nunca se instalaron para garantizar el acceso a la salud de los afectados, el dinero no llegó y la clínica que los iba a atender nunca se construyó. Además de eso, el fideicomiso no debió haberse cerrado.
En la actualidad, tienen tres juicios de amparo que están a la espera de ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la operación y el cierre, en total opacidad, del fideicomiso río Sonora.
Añadió: “Uno de estos tres juicios que se han atraído por la Corte está agendado para resolverse el 7 de agosto”, y se trata sobre la forma en la que operó el fideicomiso.
