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Guadalajara.— El exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez (PAN); el exalcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz (PRI) y otros 16 exfuncionarios se ampararon para no dejar de recibir las llamadas “pensiones doradas”, que van de los 107 mil pesos a los 200 mil mensuales y que comprometen las finanzas del Instituto de Pensiones de estado (Ipejal).
Tras la aprobación, en septiembre pasado, de la reforma promovida por el gobernador Enrique Alfaro para topar en un máximo de 106 mil pesos las pensiones otorgadas por el Ipejal, el próximo 15 de octubre entrará en vigor la medida, que en total acotaría las pensiones de 70 exservidores públicos; sin embargo, 14 han obtenido suspensiones provisionales y cuatro más suspensiones definitivas, por lo que seguirán recibiendo montos que sobrepasan el límite legal.
El director jurídico del Ipejal, Rodrigo Moreno Trujillo, señaló que ya se impugnaron las suspensiones ante los jueces de Distrito que las han concedido para tratar de revertirlas utilizando el argumento de que, en temas de pensiones y seguridad social, debe privar el beneficio público por encima del individual.
El director General del instituto, Héctor Pizano Ramos, explicó que el tope de las “pensiones doradas” es una acción necesaria para proteger el fondo solidario de la institución y garantizar la seguridad social de presentes y futuras jubilaciones.
“Nuestras pensiones son en promedio de 17 mil pesos, por lo tanto, un solo pensionado [con estos montos hoy ilegales], se lleva 10 veces más y eso no le da viabilidad al sistema de pensiones; por eso realmente creemos y confiábamos que algunos de los compañeros que tienen esas pensiones no fueran al juicio de amparo, porque 106 mil pesos es suficiente para una pensión”, detalló.
Indicó que poner un tope a las “pensiones doradas” garantiza recursos para el instituto al menos hasta 2051. Hoy el Ipejal entrega cerca de 42 mil pensiones a exfuncionarios, pero se espera que para 2028 la cifra se duplique, pues con la reforma se ampara a trabajadores supernumerarios, temporales y transitorios que antes estaban excluidos de la ley.
