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Chilpancingo.— Por lo menos ocho asesinados, cinco heridos y dos mujeres desaparecidas fue el saldo de enfrentamientos entre presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana y pobladores del ejido Los Guajes, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente.
Pobladores del ejido denunciaron que, desde muy temprano, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Hacienda de Dolores, por lo que los habitantes se defendieron y comenzaron los enfrentamientos, los cuales se registraron en los cerros y en los caminos que conducen al poblado.
De acuerdo con el relato de uno de los pobladores, los criminales tomaron como rehenes a mujeres y niños.
En la huida, denunciaron, se llevaron a dos mujeres, mientras que en las calles y en los caminos quedaron los cadáveres de los presuntos criminales.
Los integrantes de La Familia Michoacana intentaron ingresar a otras comunidades como El Zapote y El Pescado.
Javier Hernández, secretario técnico del ejido Los Guajes, denunció que desde el pasado domingo los integrantes de La Familia Michoacana les bloquearon uno de los dos caminos que tienen y los han estado amenazando con atacarlos.
Ayer, los criminales cumplieron su amenaza.
A través de un video difundido en redes sociales, un grupo de mujeres de la comunidad de El Pescado pidió auxilio ante la amenaza de que hombres armados ingresaran al pueblo.
“Aquí estamos niños y mujeres, ya que ellos [los criminales] se apoderaron de Hacienda de Dolores; ya se apoderaron de las mujeres y nos amenazan de que habrá balazos hoy, mañana, todos los días”, menciona una mujer en el video.
En el mismo material se ve llorando a una anciana en silla de ruedas, a mujeres y niños.
Militares llegaron en un helicóptero a la comunidad de El Pescado hasta las 14:00 horas, para resguardarlos.
Este nuevo capítulo de violencia en la Sierra de Coyuca de Catalán comenzó dos o tres años atrás, cuando el precio de la goma de opio se desplomó, dejó de ser rentable y todos —pobladores y criminales, junto con empresarios— pusieron la mirada en la madera.
Todos buscaban sustituir lo que obtenían con los cultivos de la amapola. Cada quien lo hizo a su forma. Los pobladores consiguieron un permiso de aprovechamiento forestal sustentable, mientras los criminales optaron por la clandestinidad.
En 2016, las autoridades ambientales otorgaron a los pobladores un permiso para aprovechar 3 mil 700 metros cúbicos de madera por año.
El ejido cuenta con 18 mil hectáreas, 40% es zona forestal.
Al inicio, el proyecto estaba pensado para que las ganancias se invirtieran en mejoras para las comunidades, sobre todo en la introducción de la luz eléctrica.
En 2019, aceleraron la implementación del proyecto.
El fentanilo —una droga sintética de bajo costo— desplazó al opio en Estados Unidos y el precio del kilo de goma pasó de 30 mil a 6 mil pesos.
El 15 de enero de ese año arrancó el aprovechamiento del bosque; duró muy poco, unos meses. El 30 de marzo de 2020, hombres armados con AK-47 y R-15 llegaron hasta su campamento a bordo de camionetas y cuatrimotos, escoltados por tres Hummer del Ejército, según lo registraron los pobladores.
Los obligaron a abandonar el campamento y se apropiaron de sus máquinas, herramientas y del combustible.
