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Cancún, Q. Roo.- Una obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que no se sometió a consulta pública, ni se informó a la comunidad, ni se sabe si posee autorización de impacto ambiental, se desarrolla frente al Museo del icónico Fuerte de San Felipe, en el municipio de Bacalar.
El asunto ha generado la preocupación y rechazo de integrantes de la comunidad, que hoy han denunciado públicamente la situación, debido a “la opacidad” con que se llevan a cabo estos trabajos y piden frenar los trabajos en tanto se esclarezca sin las obras se encuentran legalmente autorizadas.
El Fuerte de San Felipe de Bacalar, construido para hacer frente a los saqueos de piratas de Inglaterra, Holanda y Francia, en 1725, fue tomado por indígenas rebeldes en 1958, durante la llamada Guerra de Castas o Guerra Social Maya, y, posteriormente, declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1965.
Esta construcción, junto con la llamada “Laguna de los Siete Colores”, es una de las principales atracciones turísticas que posee el municipio, localizado en la zona sur de Quintana Roo, entre Tulum y Chetumal, capital del estado.
Ambos atractivos constituyen un elemento que combina la belleza natural con la historia y la cultura del lugar, ligados por el paisaje.
Pobladores de Bacalar han encendido la voz de alerta, al señalar que las obras impactan ese binomio, además de que se ignora si su autorización es legal, con base en lo que obliga la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 34, sobre las consultas públicas; y el 159 BIS, referente al acceso a la información sobre obras y proyectos, por ejemplo.
También señalan que el no haber consultado a la comunidad, constituye una violación al Acuerdo de Escazú, oficialmente conocido como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe.
Dicho acuerdo, firmado por México, establece los principios para la participación ciudadana en proyectos y obras que puedan afectar el medio ambiente.
Su artículo 7 indica que, los países firmantes, deben garantizar que la ciudadanía pueda participar en los procesos de toma de decisiones para la ejecución de obras y proyectos con efectos ambientales, desde sus primeras etapas, siendo informados “clara y oportunamente”, con garantías de expresar sus observaciones y opinión y que ello sea tomado en cuenta de forma “vinculante”.
El Acuerdo de Escazú enfatiza la necesidad de crear mecanismos de consulta pública y garantizar la participación de grupos vulnerables y comunidades indígenas, lo cual no ocurrió.
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