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Hermosillo.— Ante el crecimiento alarmante del despojo en Sonora, se busca elevar las penas de prisión hasta los 10 años, ampliar las agravantes, así como endurecer las multas económicas, transformando el Código Penal del Estado para que el despojo deje de ser un delito menor.
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández presentó al pleno del Congreso del estado una iniciativa para terminar con la “rentabilidad” del robo de viviendas.
La propuesta pretende reformar el artículo 323 y adicionar el 323 Bis, para castigar con rigor no sólo el acto de invadir, sino las mafias y redes de corrupción que operan bajo el amparo de un marco legal actual que ha quedado rebasado por la delincuencia organizada.
Esto al señalar que, en apenas cuatro años, el despojo se cuadruplicó en la entidad, al pasar de 80 casos en 2020 a 363 en 2024. De ellos, apenas 4.3% ha sido sentenciado. Además, desde 2020 y hasta mayo de 2025 se han iniciado mil 283 juicios por este delito.
“En Sonora el despojo se convirtió en un delito de alta rentabilidad y bajo riesgo. Eso se acabó. Vamos a cerrar la puerta a la impunidad y proteger el patrimonio de las familias”, afirmó.
Mientras que en Sonora la pena máxima por este delito es de seis años, en la Ciudad de México y el Estado de México las sanciones van de cinco a 10 años, además de contemplar más agravantes.
La iniciativa identifica 12 agravantes específicas que no admitirán flexibilidad, tales como el uso de violencia física, el rompimiento de cerraduras, el uso de documentos falsos y, de manera crucial, la participación de notarios y servidores públicos que filtran información registral para facilitar estos robos.
“El marco legal actual no está inhibiendo el delito. Necesitamos penas proporcionales al daño que sufren las víctimas”, aseguró.
El caso de Marcela
La tragedia de este vacío legal tiene nombre y apellido: Marcela Ramírez, una mujer que personifica la resistencia civil ante la negligencia institucional.
Tras dedicar 30 años de su vida a pagar su hogar en la colonia Nuevo Sahuaro de Hermosillo, se encontró con que su patrimonio había sido invadido.
Ella prestó su casa a una familiar quien después de un tiempo la desocupó, pero al ir a asegurarla se encontró con que su patrimonio era refugio de malvivientes que la amenazaron de muerte.
Un día le avisaron que “los vagos” ya no estaban dentro. Cuando fue a su casa ya había pertenencias de otras personas.
Habló con la mujer que le invadió y acordó prestársela, pero con un documento firmado; sin embargo, días después le comunicó que ya tenía un abogado. La intención era despojarla.
Pese a las amenazas, la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades la obligó a tomar una decisión arriesgada: expulsar a los invasores y encadenarse por dentro, dispuesta a perder la vida antes que su hogar.
El caso de la señora Marcela documenta una crueldad sistemática; mientras ella sufría el despojo, los invasores alegaban “derechos” basados simplemente en haber limpiado la propiedad.
Incluso tuvo que soportar la presión de la Policía Municipal, que acudió en tres ocasiones al domicilio no para restituirle su derecho, sino para observar cómo una mujer de la tercera edad se atrincheraba defendiendo con un candado lo que el Estado no pudo garantizarle con la ley.
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