Culiacán, Sin. - La facturó compras de alimentos como es carne, pollo y tortillas por 48 millones de pesos, las mayores adquisiciones en plena pandemia, cuando las casas de estudiantes estaban desiertas y los proveedores es una tierra de abarrotes y dos negocios que carecen de personal y equipo.

En su tradicional conferencia semanal, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, volvió a divulgar datos de lo que se ha encontrado en el manejo de las finanzas de la institución educativa, cuyas autoridades enfrentan denuncias judiciales por oponerse a ser revisadas por la Auditoria Superior del Estado que ha realizado tres intentos.

Citó que en una nueva verificación interna del Sistema de Administración Tributaria Estatal se detectó que entre los años 2019 y 2023, se han facturado treinta millones de pesos en compras de carne y pollo a un abarrote, cuya ubicación se mantiene en reserva.

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Aclaró que en una parte del segundo periodo del hoy exrector, Juan Eulogio Guerra Liera, es decir entre los años 2020 y 2021, los supuestos consumos de carnes rojas y blancas, ascendieron a casi veinte millones de pesos, pese a estar en pandemia.

Rocha Moya externó que más llama la atención que una empresa inmobiliaria facturo un millón de pesos en alimentos presuntamente para algún tipo de evento, por lo que es necesario que se abra las fianzas universitarias a una revisión de la Auditoria Superior del Estado.

El pasado 3 de mayo, en otra de sus tradicionales conferencias semanales, el ejecutivo estatal reveló que se encontraron facturas de compras por 18 millones de pesos en tortillas, a tres proveedores sin licitar, dos de los negocios son ajenos a dicha actividad industrial, carecen de personal y equipo para su elaboración.

Señaló que pese a la resistencia de las autoridades de la Máxima casa de Estudios de permitir que el ente estatal los audite, su gobierno no va escatimar apoyos a la institución, puesto que se tiene que cumplir con los compromisos, sobre todo salariales.

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En dicha conferencia semanal de inicio de mes, indicó que se enteró por trabajos periodísticos muy bien documentados, compras realizadas por la Universidad por 123 millones de pesos, a un solo proveedor, sin licitar, lo que constituye un delito fiscal que es de orden federal

Puntualizó que no va a permitir que le vean la cara las autoridades universitarias que le solicitan apoyos extraordinarios, para que los recursos se vayan por la cañería de la corrupción, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado documente todas las denuncias que han sido interpuestas en contra de las autoridades universitarias.

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