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Oaxaca.—En la entidad, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) gastó, sólo en 2015, un total de 90 millones 444 mil 522.24 pesos, los cuales no fueron comprobados ni se entregó documentación que justificara dichos egresos.
De acuerdo con el expediente OAX/SEGURO POPULAR-RPSS/16 de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), con fecha del 14 de octubre de 2016, en la revisión de los registros contables se detectaron pagos en tres estados de cuenta superiores a los 90 millones de pesos, con irregularidades como la falta de comprobación.
Entre los egresos reportados por la dependencia, destaca el pago por el servicio de lavandería a la empresa Grupo JM Lavanderías S. A. de C. V., con dirección fiscal en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, con sucursales en el estado y la cual se anuncia como “servicios de lavandería especializada en hospitales”.
Según el reporte de bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados del Seguro Popular de Oaxaca, en el año 2015 se firmó un contrato con esta empresa por un monto de 30 millones 707 mil 276 pesos por servicio de lavandería; en 2016, el monto del contrato subió a 32 millones 266 mil 605 pesos.
En el expediente de la SCTG se detalla que la dependencia pagó facturas a Grupo JM Lavanderías por un monto de 14 millones 148 mil 338 pesos, correspondientes al periodo de enero a junio de 2015; sin embargo, no entregó pruebas que respalden el gasto de 12 millones 86 mil 274 pesos, de los más de 14 millones.
De acuerdo con la SCTG, se encontró que además del contrato de 2016 por más de 30 millones de pesos con dicha empresa, la dependencia adjudicó otro de manera directa con esta misma empresa por un monto de 3 millones 295 mil 683 pesos, contrato indentificado con el folio REPSS-AC-ADM-AD-030-001-2015. Esto viola lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 que establece que el monto máximo para una adjudicación directa es de 450 mil pesos.
En 2015, el titular estatal del Seguro Popular era Rogelio Hernández Cázares, quien llegó al cargo tras sustituir a Salvador Monroy en octubre de 2014, este último es acusado de comprar medicinas genéricas y reetiquetarlas como de patente.
Hernández Cázares, por su parte, fue señalado por no reportar el pago a terceros, tanto institucionales como no institucionales, que quincenalmente se le descuenta a los trabajadores; así como los servicios prestados a los beneficiarios del Seguro Popular que fueron atendidos en clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que ascendieron a más de 132 millones de pesos en 2015.
Tampoco comprobó el pago de facturas por varios millones de pesos que presuntamente se pagaron a Teléfonos de México (Telmex), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de 3 millones de pesos, el pago de nómina por poco más de 527 mil pesos y hasta servicio de restaurante por 66 mil pesos.
Se acumulan irregularidades. En 2015, la SCTG auditó 2 mil 403 millones 891 mil 807 pesos del Seguro Popular y encontró irregularidades por más de 500 millones. Además, informó sobre otras, de las cuales aún no se cuantificaba el monto.
En 2016, las irregularidades por falta de documentación comprobatoria subieron a mil 501 millones 337 mil 936 pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Seguro Popular en Oaxaca no comprobó el destino de 915 millones 271 mil 700 pesos, de los recursos recibidos durante ese año. También determinó que hubo un subejercicio por 262 millones 200 mil pesos al 31 de diciembre de 2016, es decir, recursos que no fueron aplicados.
La SCTG ordenó al Seguro Popular, en octubre de 2016, a reintegrar los más de 90 millones 444 mil pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), más los intereses que hayan generado estos recursos hasta la fecha de la transferencia.
