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De 2017 a la fecha, los conflictos agrarios o vinculados a la tenencia de la tierra han dejado al menos 78 personas asesinadas, 68 heridas y 12 desaparecidas en el estado.
De acuerdo con la propia Secretaría General de Gobierno (Segego), en Oaxaca están vigentes más de 400 conflictos agrarios o de límites, principalmente en las regiones Valles Centrales, Mixteca y Sierra Sur. Lo anterior se origina principalmente porque de los 9 millones 536.4 mil hectáreas de territorio que posee la entidad, 7 millones 784.6 mil hectáreas son de propiedad social y sólo 751.7 mil se consideran propiedad privada.
Es decir, según datos oficiales, del territorio oaxaqueño 81.3% son tierras comunales o ejidales, de mil 588 núcleos agrarios: 853 ejidos y 735 comunidades agrarias. A ello se suma que de los 394 mil ejidatarios o comuneros registrados legalmente en la entidad 50%, ya fallecieron.
Para el líder de la organización Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca (Unir), Efraín Solano Alinarez, estas cifras explican la permanente conflictividad del estado, motivada generalmente por la defensa del territorio e indican que el régimen de propiedad colectiva, principalmente en el caso de pueblos indígenas, es el primer reto a resolver en este tema.
Advierte que si bien el territorio forma parte de una población, en el momento de clarificar los derechos de los miembros de una comunidad no se logra diferenciar los tres tipos de propiedad ni los límites jurídicos que prevalecen sobre pretensiones históricas.
“Hay contradicción de derechos, de quienes han perdido o no han logrado acreditar lo que reclaman y buscan con sus títulos primordiales acreditar las tierras que pretenden”, detalla.
Identifica que en el reparto de tierras hubo un crecimiento desordenado de asentamientos humanos, “propiciando que en líneas de colindancia fueran surgiendo asentamientos, donde el territorio ejidal o comunal no corresponde administrativamente al municipio del núcleo propietario de las tierras”.
“Los problemas más álgidos se dan cuando se enfrentan pequeños propietarios con comuneros que se amparan con su Resolución Presidencial, como en Los Chimalapas”.
A esto se agrega, explica, las inconformidades de comunidades y organizaciones indígenas, sobre todo de la región del Istmo de Tehuantepec, por la presencia del capital extranjero que, en complicidad con el estado, han logrado la concesión de grandes extensiones de territorio y suscritos convenios ventajosos, dejando en la indefensión a los verdaderos dueños.
Estas situaciones se vuelven complejas, detalla Solano Alinares, cuando aparecen organizaciones “clientelares-partidistas que por décadas han traducido sus liderazgos en trastocar las justas demandas de los pueblos indígenas y comunidades agrarias”.
La responsabilidad del gobierno
A esta complejidad, el líder de la Unir suma la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno que “olvidan” la corresponsabilidad institucional en estos conflictos.
“Para lograr desactivar esta inercia se requiere romper con la pasividad, ineficacia y perversidad política de los gobiernos federal y estatal para integrar la fuerza del estado en una sola dirección: la gobernabilidad”, dice.
Explica que esto no es sencillo, pues “muchos funcionarios actúan con relación al costo-beneficio político”, por ello explica que para atender este conflicto se necesita “coordinación estrecha de los tribunales agrarios con el gobierno estatal”, a partir del reconocimiento de que la tenencia de la tierra no sólo es asunto de Oaxaca, sino federal.
“La atención a problemas sociales, políticos o económicos relacionados con la emergencia del conflicto agrario tendrá que ser en una sola dirección, superarlo por voluntad de las partes o respetar la determinación de la autoridad competente”, señala.
Proponen crear fondo
Por el papel que juega la Federación en estas pugnas, el dirigente de la Unir advierte que de 25 programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos dos pueden acentuar conflictos en las comunidades de Oaxaca: el Corredor Transístmico, porque va a implicar la afectación del territorio de los pueblos, y el desarrollo minero, ya que las comunidades son celosas del cuidado del ambiente y la preservación de sus territorios.
“En Oaxaca el triunfo o el fracaso de las metas sociales del Presidente dependerá de la respuesta que brinde los conflictos agrarios”, asegura.
Propone identificar, con base en la consulta de archivos de las instituciones agrarias federales y estatales, y en estudios sociológicos y antropológicos, los conflictos más graves y sus alternativas de solución.
Solano Alinares advierte que así como para los desastres naturales existen fondos económicos, en el caso de los problemas agrarios debe decretarse un fondo para atenderlos y solucionarlos.
“Los conflictos agrarios son sociales y no policiales, por lo tanto se debe evaluar a los organismos agrarios existentes, para rediseñarlos o en su caso, designar a una coordinación interinstitucional que se responsabilice de su atención y solución”, dijo el líder de la Unir.
***EL UNIVERSAL Oaxaca
