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Chilpancingo.— César —un adolescente de 14 años— escribió con su propia mano el mensaje que anunció su muerte. Fue privado de la libertad, luego torturado y finalmente asesinado. Era estudiante del tercer grado de la secundaria técnica 213 Bandera Nacional, en Iguala, Guerrero.
Eran las 3:30 de la tarde del martes 11 de febrero, un reporte policiaco alertó sobre el hallazgo de un cadáver en un camino rural en la colonia El Tomatal, en la periferia del municipio de Iguala. Era el cuerpo sin vida de César, estaba boca abajo, tenía impactos de bala en la espalda y las manos mutiladas. A su lado, las cartulinas con los mensajes que él mismo escribió.
Tras el hallazgo se difundió un video donde aparece César, está con el torso desnudo. Lo interroga una voz distorsionada. Dice —o lo obligan a decir— que fue uno de los que dejaron mensajes y una granada en las instalaciones de la Feria de la Bandera para exigir que se cancelara la celebración.
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La voz distorsionada le pregunta sobre las siguientes acciones para intentar cancelar la feria. César cuenta —o lo obligan a contar— el plan: “tirar bombas con drones y quemar un carro”.
César dice que cobró 2 mil pesos, pero los otros 5 mil. Luego se ve cómo el menor escribe los mensajes que aparecieron junto a su cuerpo.
Dos horas más tarde de ese mismo martes, a kilómetros de allí, en un camino rural en la comunidad de Xochitempa, en el municipio de Chilapa, fueron asesinados a balazos Mateo Francisco y Porfirio, de 14 y 12 años, respectivamente.
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La noticia del asesinato de Mateo y Porfirio se conoció hasta la noche del miércoles. La policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) reportó el asesinato de dos menores.
En un comunicado, la corporación contó que ambos salieron a las cuatro de la tarde del martes 11 de febrero de su casa, en Xochitempa, hacia la comunidad vecina Ahuixtla.
Nadie supo de Mateo y Porfirio hasta el día siguiente. Por la mañana, un campesino de Xochitempa se topó con los cadáveres. Estaban tirados boca abajo sobre el camino de tierra.
El comunicado dice que los vecinos escucharon balazos la tarde del martes, pero nadie se alertó. La CRAC-PF exigió seguridad para los niños de esta región nahua a la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda.
“Exhortamos a la gobernadora que tome su papel de autoridad, se llena la boca de decir que trabaja para el bien de la niñez ¿acaso esta es la vida que les ofrece a nuestros niños de Guerrero? Le decimos ya basta de tantos asesinatos y desapariciones en contra de los pueblos nahuas”.
Mateo y Porfirio murieron en un territorio que desde que nacieron es disputado entre criminales y policías comunitarios. Crecieron en medio de balaceras, asesinatos, desapariciones. Crecieron no en un pueblo, sino, en una trinchera. Desde hace más de una década la organización criminal Los Ardillos busca someter a los pueblos de ese corredor que comienza en la comunidad de Atzacoaloya y termina en el municipio de José Joaquín Herrera.
Muchos niños de esos pueblos han tenido que tomar un arma para acompañar a sus padres, para proteger su pueblo.
El director del Centro de Defensa de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, considera que la principal causa de estos crímenes es la impunidad, que los autores no tengan consecuencias.
“Estos niños son víctimas del sistema, más allá de que estén ajenos a estas actividades, están en un contexto de violencia, están inmersos en ambientes violentos, van creciendo ahí y, lamentablemente, los grupos o las personas que no tienen escrúpulos y reclutan a niños es porque los consideran desechables y porque saben que son fáciles de controlar”, expresa el sacerdote.
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La otra razón, explica que es la pobreza, la falta de empleos, de oportunidades.
