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Al menos desde hace 18 años, el Estado mexicano ha violentado sistemáticamente el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre megraproyectos que impacten sus territorios, concluyó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un reciente informe realizado por su Instituto de Investigaciones Jurídicas, en conjunto con organizaciones sociales.
El documento analiza la implementación de la figura de consulta indígena en el país de 2000 a 2018, periodo en el que se realizaron 31 consultas para proyectos de desarrollo y otras 10 derivadas de fallos de distintos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) . El análisis abarca los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el priista de Enrique Peña Nieto.
Como conclusión, el informe indica que las instancias del Estado y principalmente al Ejecutivo federal fueron omisos al no consultar a los pueblos indígenas pese a que México ratificó en 1991 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en los casos donde hubo aplicación de consultas, denuncia que éstas no han sido previas, debido a que en su mayoría fueron iniciadas luego de la entrega de los permisos a empresas o cuando las obras ya estaban en operación o concluidas; esto, dice el documento, violenta el derecho de los pueblos a dar un consentimiento previo, libre e informado.
Entre las irregularidades detectadas, considera que la armonización de la legislación federal y estatal frente a los estándares internacionales es deficiente e incompleta, sobre todo en los estados con mayor presencia de pueblos indígenas como Oaxaca y Chiapas, lo que se traduce en discriminación porque algunas comunidades tienen menor grado de protección, dependiendo de la entidad a la que pertenezcan.
“Existe una enorme disparidad entre las distintas normas que regulan el derecho a la consulta a nivel federal, ello provoca que, en ocasiones, los criterios a seguir en algunas de las leyes sean muy amplios e imprecisos, mientras que en otras muy estrechos y limitados, generando así un marco legal diverso, poco claro”, detalla.
El informe destaca dos casos de Oaxaca, la consulta que se está desarrollando en la región de los Valles Centrales sobre el decreto de veda de agua de 1967, y la del proyecto Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.
En el primer caso, la consulta se empezó a realizar 50 años después de la aplicación del decreto de veda de agua emitido por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, en el cual prohibió la extracción de agua de manera desordenada a las comunidades zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.
Este derecho de consulta empezó a realizarse en septiembre de 2015 luego de que jurídicamente lo pidieran en los años 2007 y 2008. Hasta el momento no ha finalizado.
En el segundo caso, la consulta a la comunidad comenzó luego de que el gobierno federal autorizara, antes y durante este proceso, los permisos a la empresa Eólica del Sur para generar energía eléctrica en Juchitán. El ejercicio empezó el 20 de octubre de 2014 y concluyó con el cierre de la etapa consultiva en julio de 2015, pero el 20 de junio de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya había autorizado el permiso de impacto ambiental del proyecto.
Además, en plena fase de consulta, el 15 de enero de 2015, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso a la empresa para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, mientras el 23 de febrero y 9 de abril de 2015, la delegación federal en de la Semarnat en Oaxaca autorizó a Eólica del Sur, los permisos para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Otros ejemplos de la entrega de permisos antes de las consultas son de la construcción del gasoducto en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, y el proyecto de energía solar Ticul A y Ticul B en Yucatán.
afcl
