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Pachuca.- El secretario de seguridad de Hidalgo Mauricio Delmar Saavedra dio a conocer que en esta entidad se tiene un registro de alrededor de 45 empresas de seguridad privada irregulares, que prestan sus servicios en diversos lugares como fraccionamientos y centros comerciales, por lo que se busca endurecer las leyes para que se procesen por el delito de usurpación de funciones.
Precisó que se han tenido acercamientos con el Congreso y la Procuraduría de Justicia, para poder realizar una reforma en la que se pueda procesar a estos elementos por ese ilícito, ya que actualmente esto no procede.
Indicó que sólo son cuestiones administrativas, multas e infracciones, incluso se les puede retirar del servicio con la fuerza pública, pero no hay vinculación a proceso.
Es necesario que se haga una regularización de todas estas empresas debido a la cantidad de información sensible que manejan, ya sea de fraccionamientos, empresas o plazas comerciales, por lo que deben de contar con la supervisión y capacitación de la Secretaría de Seguridad.
Lamentó que la contratación de estas empresas es frecuente en las plazas comerciales sin que estos negocios investiguen si cuentan con los permisos para trabajar, como sucede en uno de estos sitios en Pachuca donde se han registrado varios robos.
Precisó que en ese caso la empresa no tiene permiso y también lamentó que en el robo que ocurrió en una tienda de celulares esta semana, no informaron a tiempo a la policía estatal por lo que pasaron alrededor de 16 minutos para que tuvieran conocimiento, tiempo suficiente para que los delincuentes pudieran escapar.
El funcionario amenazó que si no hay interés de los centros comerciales por regularizar su servicio de vigilancia entonces serán boletinados para que la ciudadanía conozca los riesgos que tienen al acudir.
Refirió qué hay algunas plazas donde se se atendió la petición de seguridad para sus usuarios pero esto necesita ser en todos los lugares, ya que incluso hay algunas empresas de seguridad privada que portan armas.
Lo ideal es la contratación de los servicios de la Policía Industrial Bancaria, consideró.
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