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Monterrey.- Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos , advirtió que los internos de los penales del estado, son explotados laboralmente al ser obligados a trabajar jornadas de diez horas, sin recibir prestaciones como seguro médico y pago de aguinaldo.
Al dar a conocer un diagnóstico sobre la situación en los cinco centros penitenciarios del estado correspondiente a los años 2018 y 2019, Velasco Becerra advirtió que las condiciones que prevalecen en los penales, no permitirían una adecuada reinserción social de las personas privadas de la libertad.
La presidenta de la CEDHNL explicó que el diagnóstico comprende desde enero de 2018 hasta mayo del presente año, cuando existía una población penitenciaria de seis mil 634 internos, un 78 por ciento de la capacidad del sistema estatal que era para ocho mil 527 personas. Únicamente había sobrepoblación de 7.8 por ciento en Apodaca, problema que ya no existe por la construcción de nuevos espacios.
En el Cereso de Apodaca 1 había tres mil 583 internos; en el Cereso de Apodaca 2, un total de 714 y en el penal de Cadereyta 1,881 internos; en el reclusorio femenil había 324 internas y en el Centro de Internamiento para Adolescentes un total de 34, de los cuales 28 eran hombres y seis mujeres.
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Velasco Becerra puntualizó que en los cinco centros penitenciarios se detectó falta de uniformidad en el registro de enfermedades o problemas de infecciones, y no eran atendidas como es debido; había también desabasto de medicamentos especialmente para casos de cardiopatías, problemas de neurología, psiquiatría y ginecología, entre otros.
En lo referente a educación, menos de trece por ciento de la población penitenciaria de los dos penales de Apodaca y el reclusorio Cadereyta participaba en actividades escolares, mientras en el femenil era un 22 por ciento, y en el de adolescentes un 50 por ciento. Además, no existe un registro sobre el grado de escolaridad de los internos al momento de ingresar al sistema penitenciario.
También se detectó que al interior de los penales prevalecen relaciones frecuentemente hostiles, por lo que la CEDH urgió a las autoridades penitenciarias a tomar medidas de seguridad, resguardo y custodia. En este año y el anterior, debido a omisiones de la autoridad, se documentaron 113 quejas por agresiones físicas, amenazas y cobro de cuotas, tanto por parte de otros internos, como de personal de seguridad de los penales.
Asimismo, dijo la presidenta de la CEDH, la población penitenciaria que trabaja no cuenta con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y la propia Ley de Ejecución Penal, pues no todos reciben aguinaldo, no son dados de alta en una servicio médico, y laboran jornadas de más de las ocho horas establecidas por la ley.
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Precisó que en el penal de Apodaca trabaja en empresas el 37 por ciento de los internos, un 20 por ciento en el de Cadereyta, y en el femenil 37 por ciento de las internas, aunque adicionalmente algunos realizan actividades de autoempleo que les permite mantenerse ocupados, pero esto no los capacita y forma para que puedan enfrentar su vida al salir de prisión.
Entre las actividades laborales que realizan los internos están la elaboración de uniformes para empresas, fabricación de bolsas para regalo, fibras para lavar utensilios domésticos, que en muchos casos se les pagan a destajo en jornadas de diez horas.
“Hay algunas empresas (ocho) que están en Apodaca y Cadereyta, hay naves industriales que no existen en muchos centros penitenciarios del país, pero las condiciones en las que trabajan, no son las mismas, afuera sí pagan la seguridad social, vacaciones, incapacidades, y con los internos no se da”, dijo Velasco Becerra.
Puntualizó que si bien a la CEDH le interesa que los internos tengan trabajo, esto debe hacerse “con las condiciones dignas de las personas que trabajamos en el exterior”, y es un punto en el que seguirán insistiendo.
Las disposiciones legales ya existen, la Ley Federal de Trabajo, y la Ley Nacional de Ejecución Penal las establecen, “entonces es necesario que las autoridades de los centros penitenciarios les pidan a las empresas como requisito, que si quieren que se abra la fuente de empleo en los centros penitenciarios, que cumplan con todas las disposiciones que ya existen”, dijo Sofía Velasco.
afcl
