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Directivos de una empresa denunciaron irregularidades
en un procedimiento de embargo laboral, por lo que demandaron la intervención del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.
Se trata de empresarios de la compañía GB Plus SA de CV SOFOM ENR, quienes denunciaron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de León, los embargo sin aún agotarse las acciones legales.
El jueves pasado, la actuaria de la Junta Especial número 2, Maricela Ponce Padilla, ordenó la ejecución de un mandamiento de embargo en contra de Intermercado SA de CV, pero su personal retuvo bienes a GB Plus, una sociedad que, aunque tiene los derechos de la marca, es distinta legalmente.
El director jurídico de la firma —asentada en el estado desde hace más de una década—, Helios Castro Rico, denunció que hubo vicios en la actuación de embargo, por lo que procederán por la vía legal.
De acuerdo con el representante de la sociedad, la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje de León resolvió, en marzo del 2017, un laudo a favor de dos ex trabajadores de Intermercado.
Pero en mayo pasado, el Juzgado Decimoprimero de Distrito del Estado de Guanajuato, concedió una suspensión definitiva de la ejecución del laudo, por lo que -dijo- la autoridad laboral actuó fuera de la ley al ordenar el embargo a Intermercado.
Aunque acreditaron con facturas que los bienes forman parte de los activos de GB Plus, los trabajadores de la Junta se llevaron computadoras sin siquiera dejar testigo documental.
Además, para llevar a cabo el mandamiento de embargo en contra de Intermercado, la Junta dio cuenta de que el juicio de amparo promovido ante la Judicatura Federal se sobreseyó a pesar de que éste se mantiene activo en el expediente 595/2017 del Juzgado Decimoprimero del
Distrito de Guanajuato.
“Se trata de un atropello, un robo del estado, pues en este momento un juzgado del Poder Judicial de la Federación mantiene la suspensión definitiva del laudo laboral que enfrenta Intermercado, una sociedad distinta a GB Plus”, explicó el director jurídico de la firma.
En tanto, el director general de GB Plus, Carlos Emilio Gidi Blanchet, envió una carta al mandatario, donde consideró que la ejecución de requerimiento y embargo del jueves 23 de noviembre pasado fue ilegal y arbitraria.
“Indebidamente despojaron a la empresa GB Plus de 23 computadoras de su propiedad, sin ser ésta parte del juicio (…) En resumen y en palabras llanas: autoridades del estado de Guanajuato entraron a robar a mi empresa”, se lee en el documento.
Ante la actuación de la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje, GB Plus inició ayer lunes acciones judiciales, penales y administrativas ante la Agencia Investigadora 20-UTC06 de León en contra de los servidores públicos de la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Guanajuato.
cfe
