Los diversos grupos criminales que operan en el país han hecho de la extorsión el negocio a través del cual llegan a controlar poblaciones enteras. Dejar de pagar puede costar la vida.
Michoacán es una de las entidades donde EL UNIVERSAL ha documentado varios de estos casos.
En agosto de 2023, el corte, empaque y comercialización del fruto se detuvo en Apatzingán durante algunas semanas porque los criminales exigían un alza en el pago de cuotas: un peso por cada kilo cortado y otro por cada kilo comercializado. Hasta enero pasado, los productores seguían pagando cuota.
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En este municipio también se ha registrado extorsión por venta de medicamentos, a transportistas y por el servicio de telefonía e internet, aunque pobladores aseguran que las “cuotas” son para todos los sectores.
En marzo se difundió que los cañeros del ingenio La Abeja de Casasano, en Cuautla, Morelos, pagan 3.5 millones de pesos en extorsiones para trabajar la zafra.
Guerrero es otro estado donde las extorsiones son cosa cotidiana y afectan a los principales municipios de la entidad, como Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco e Iguala. El sector más afectado es el del transporte público, pero también pagan cuota polleros, transportistas, vendedores de materiales de construcción, tiendas de conveniencia y locatarios de mercados.
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En Acapulco, los puestos de comida, restaurantes, bares y centros nocturnos también están sujetos a la cuota. Incluso, una mujer que vendía fruta en la calle fue asesinada en el puerto en 2019.
Casos de extorsión contra comerciantes de todo tipo se han registrado también en Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Tabasco, Morelos y Estado de México, por mencionar algunos.