Los sismos y las lluvias siguen golpeando la economía y tranquilidad de los pueblos istmeños , como en Santa María del Mar , una comunidad dedicada a la pesca, que desde el temblor del 7 de septiembre, las despensas y actos solidarios son la única manera que tienen sus habitantes de subsistir.
"El gobierno se olvidó de Santa María del Mar", aseguran autoridades de la demarcación a donde la ayuda sólo llega por aire o por agua. El agente municipal, Matías González Martínez, recuerda que cuando el sismo de 8.2 grados sucedió, el pueblo permaneció en la penumbra y el olvido por casi una semana.
Cinco días después de lo sucedido, por carretera, llegó el gobernador Alejandro Murat, quien aseguró que la circulación vial se había restablecido tras nueve años de un bloqueo que mantienen los habitantes de San Mateo del Mar, pero no fue así. Según los pobladores, el Gobierno del Estado pagó y dejó ayuda para poder pasar por la carretera.
De Santa María no hay salida y con la cercanía de un norte, los vientos dificultan la navegación de las lanchas que recientemente transportaron una patrulla por el océano, para brindar seguridad en días de escasez y peligro.
Las autoridades señalan que gran parte de la ayuda que llega la traen amigos y personas que conocen de la situación del pueblo de mil 500 habitantes, pero la mitad de la ayuda se queda en el bloqueo como una condición para que los de San Mateo los dejen pasar.
La situación local se ha agravado tras los sismos que siguieron. Primero se contabilizaron 130 viviendas dañadas y con los temblores, la cifra ha ido en aumento; piden incorporar nuevos nombres a la lista de damnificados, pero no saben si serán tomados en cuenta.
A pesar de la situación, en la localidad no hay albergue, ni comedor comunitario, sólo se instalaron 10 casas de campaña frente a la agencia municipal. Por la falta de caminos, el acceso a las despensas que llegan, algunas del gobierno, es por agua, pero es el pueblo el que costea el combustible.
Para echar a andar una lancha, 50 litros de gasolina cuestan mil 70 pesos; se requieren 300 litros para acarrear víveres que mandan otras comunidades e incluso el gobierno, que manda personal para repartir la comida en dos lanchas, pero no abastece el combustible.
Por ello, para garantizar la llegada de alimentos, los pobladore s aportaron 30 pesos por persona; sin embargo, algunos bajo el argumento de que la ayuda es obligación del gobierno, se negaron a cooperar y denunciaron en redes la venta de víveres.
" El gobierno no sabe cómo estamos viviendo, no hay comida, no hay caminos y desde hace cinco años no tenemos luz", señala el agente.
En la única visita que el gobernador hizo al lugar, prometió servicio eléctrico, pero desde entonces, ningún funcionario ha acudido a esa localidad, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza.
cfe