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Monterrey.- La defensa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón denunció un sometimiento absoluto del Poder Judicial del Estado a intereses políticos, a fin de vincularlo a proceso por un nuevo caso del fuero común antes de la audiencia que se realizará en un juzgado federal donde, estimaron, quedarían sin efecto las injustas medidas cautelares que hoy lo mantienen preso en el penal 2 de Apodaca , por delitos electorales, un caso en el que se declaró incompetente el juez local y remitió el expediente al Poder Judicial Federal.
Asimismo, expusieron que presentarán una queja por violaciones a los derechos humanos del exmandatario, ya que las autoridades estatales no han permitido que sea debidamente atendido de su delicada condición de salud, pues el sábado en una situación contraria a cualquier protocolo penitenciario, fue trasladado no en una ambulancia sino en una patrulla de Fuerza Civil, para que fuera atendido de un problema de diverticulitis y se le practicara un estudio TAC de abdomen, que no se ha realizado.
El equipo de abogados que que encabezan Víctor Olea y Gabriel García Pérez, expusieron en un pronunciamiento a la opinión pública que originalmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a sabiendas de que carecía de competencia inició e integró una Carpeta de Investigación en contra de Rodríguez Calderón, por la supuesta comisión del delito electoral previsto en el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Pero la citada Fiscalía omitió hacer del conocimiento de Jaime Rodríguez la existencia de esa investigación criminal a efecto de que ejercitara su más elemental derecho de defensa, y aún más grave, simularon que no lo habían localizado para citarlo, cuando es de sobra conocido su domicilio, y ademá gozaba de escoltas del propio Estado de Nuevo León, citatorio que hubiera atendido el exmandatario sin mayor problema, máxime cuando se trata en cualquier supuesto, de un ilícito que no está contemplado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
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“Ahora constatamos, que todo fue una deleznable y delictiva maniobra para obtener una orden de captura y encarcelarlo a toda costa, a pesar de que ni la mencionada Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, ni el juzgador que mandató su aprehensión, tenían la competencia indispensable para ello”, señalaron los abogados de “El Bronco”.
Afirmaron que “la maliciosa idea de dichas autoridades era muy clara: que Jaime Rodríguez nunca tuviera conocimiento ni pudiera defenderse en el contexto de esa investigación; y que se lograra –con todo lujo de difusión mediática - la emisión y posterior ejecución de un mandamiento de aprehensión en su perjuicio”.
Esto permitió que un Juez de Control del Estado de Nuevo León, violando la presunción de inocencia, lo vinculara a proceso y le dictara una desproporcionada prisión preventiva oficiosa, cuando el ex gobernador ni pasaporte vigente tiene, aunque posteriormente el juez se vio obligado a declinar su competencia hacia el fuero federal, al que desde un inicio le correspondía en su caso la investigación y procesamiento judicial de dicho asunto, por tratarse de supuestos hechos vinculados a una elección presidencial, y no local.
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“Desde luego ellos saben que ese particular asunto penal-electoral no tendrá futuro en el más objetivo e independiente ámbito de las autoridades investigadoras y judiciales de la Federación”, ya que su representado no reúne siquiera la calidad de sujeto activo del tipo penal que se le ha imputado, por lo que difícilmente se convalidará su vinculación a proceso, y menos aún se podrían sostener en estricto derecho, “las injustas medidas cautelares que lo mantienen en reclusión”.
Ante la alta posibilidad de que Rodríguez Calderón sea liberado en dicha audiencia en el Poder Judicial Federal, las autoridades locales desempolvaron una añeja e improcedente Carpeta de Investigación, por un pretendido delito de Abuso de Autoridad, que se le está intentando imputar a Rodríguez Calderón, explicaron los abogados en alusión a la requisa de la empresa que prestaba el servicio de transporte Ecovía, alimentador del sistema Metro.
“La manifiesta intención es muy clara y perversa, ante la posibilidad que diversa autoridad federal, si lo considera legalmente pertinente, puede revocar tanto el referido auto de vinculación a proceso y la medida cautelar emitida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que declinó su competencia”, y pondría “en inmediata y absoluta libertad a nuestro representado”.
Ante tal situación, a toda costa ambicionan imponer al Poder Judicial de Nuevo León, que dicte una nueva medidas cautelar de prisión preventiva, en perjuicio del exgobernador, a fin de mantenerlo en prisión de manera ilegítima e ilegal.
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Señalaron los abogados: a pesar que “Don Jaime Rodríguez Calderón se encuentra en un comprometido estado de salud; de que no se nos ha proporcionado a su defensa el término necesario y oportuno para revisar las constancias procedimentales del nuevo caso, para desarrollar una defensa técnica adecuada en su favor; y de que no se le permite ser atendido debidamente de su delicada condición médica, se ha fijado – contra todo Derecho, una audiencia inicial para éste próximo lunes".
“Esa es la mala fe; ese es el reprobable y dañado propósito. Los derechos humanos y fundamentales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón no les importan; el Estado de Derecho menos; lo que se desea es mantenerlo ilegalmente en prisión, expusieron los abogados.
Asentaron finalmente que “Don Jaime no se arredrará ante esas arbitrariedades. Seguiremos con la ardua labor de acreditar su plena inocencia, siempre con las herramientas de la razón, los hechos reales y el derecho” a fin de demostrar que no es culpable de la acusación que le han hecho y mucho menos de las medidas privativas a las que lo someten.
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