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El huachicol jamás se fue. La arremetida del gobierno federal contra el delito de robo de hidrocarburo, obligó a un repliegue de los grupos delincuenciales, pero siguen presentes en el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla .
Las recientes escaramuzas de autoridades por tratar de capturar a un presunto líder huachicolero y la reacción de la población, demostraron que la base social en torno al negocio del robo de hidrocarburo sigue vivo en esa convulsa zona poblana.
Los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo son impenetrables para las fuerzas policiales y militares. Investigadores universitarios ven un problema añejo y difícil de resolver en el corto plazo.
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Huachicol clandestino
Para los lugareños del Triángulo Rojo, hay una disminución en la visibilidad del huachicol, pues atrás quedaron aquellas escenas donde en los mercados municipales se ofrecían cientos de bidones con gasolina y diesel ilegal.
“Ya no se ve, por ejemplo, en los mercados que se venda descaradamente la gasolina, ni se han escuchado incidentes graves, se ve más como comercio informal, ya no tanto conflicto, pero sigue ahí”, dice un poblador de Palmar de Bravo.
Desde las entrañas de la zona, ven un fenómeno presente, pero que se está transformando ante el cierre de los ductos. Una actividad que se vuelca a la clandestinidad total y la red de apoyo ciudadano a los grupos delincuenciales se mantiene pero más cerrada.
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El tráfico de gasolina y diésel, cuentan pobladores de Quecholac, disminuyó, pero creció el robo de gas y su venta ilegal; a la par el robo de transporte y vehículos es la constante, como también el narcomenudeo.
Recientemente el gobierno federal reportó que el robo de hidrocarburos tuvo una disminución de 4 mil 600 barriles diarios durante enero de 2021, pues pasó a 3 mil barriles diarios.
“El huachicol es algo que sigue presente, que está muy ligado a grupos políticos, es indudable, porque el tema del huachicol no es fácil”, afirma el investigador de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Josafat Raúl Morales Rubio.
El Maestro en Historia y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana recordó que el robo en ductos de la empresa gubernamental Pemex lleva más de una década presente y el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó al principio de su administración su combate como una bandera política que le redituó en sus niveles de aceptación.
“Después de esa aplanadora y este momento se dejó de hablar del huachicol aunque ha seguido presente y el problema es que muchos de esos grupos delictivos, ligados al huachicol, han empezado a diversificar los negocios, ya no ordeñan ductos, sino han empezado secuestros, robos a transportistas” , afirma el académico.
El “picar” los ductos, afirma, requiere de redes ligadas con altas autoridades en Pemex, por lo que muchos grupos están “muy inmiscuidos” con temas de política, cercanos a gobiernos locales, municipios muy pobres, con índices de desarrollo muy bajos que encuentran en el huachicol y otro tipo de delincuencia organizada la forma de sobrevivir.
El martes, habitantes del municipio huachicolero de Quecholac, bloquearon la autopista Puebla-Veracruz en protesta por los operativos implementados para detener al presunto líder delincuencial Antonio Martínez, alias “El Toñin”.
“El problema es demasiado grande para buscar una solución inmediata, es algo que vivimos en todo el país, ante estos problemas de pobreza tan fuertes que existen es difícil desligar estas redes de complicidad” , alertó Morales Rubio.
Es necesario considerar, cambiar la cultura y buscar solucionar el problema económico; impulsar un cambio de mentalidad, acabar con la cultura del dinero fácil. “Y las complicidades políticas y los intereses había que estudiar las características de la población”, recomendó.
Apoyo social
En territorio poblano -de acuerdo con cifras oficiales- han sido detectadas casi tres mil 500 tomas clandestinas en ductos en dos años (2019-2000), con un leve aumento en cada año. La entidad se ubica en la tercera posición nacional en la incidencia del delito.
Los municipios que encabezan el huachicol son Puebla, Huauchinango, Acajete, Amozoc, Izúcar de Matamoros, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Quecholac, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán y Tepeaca, entre otros.
“El problema de esto es que el huachicol no solo es diésel y gasolina, sino lo que se vive en la parte central de Puebla es la relación que hay con la gente que vive ahí, que se han acostumbrado a vivir de varias actividades ilícitas particularmente de la ordeña de ductos”, advirtió el docente de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Luis Ignacio Arbesu Verduzco.
El investigador quien recibió la Condecoración al Mérito Docente por la Secretaría de la Defensa Nacional, reconoce que disminuyó drásticamente la pérdida por robo de barriles de combustibles, al pasar de 81 mil barriles diarios a 5 mil barriles.
“Ha costado mucho trabajo controlarlo, se ha reducido notablemente pero aún continua el problema y sobre todo se ha pegado a factores con organizaciones más sofisticadas en términos de criminalidad”, asegura.
El problema en el Triángulo Rojo, dice, son fenómenos socio políticos que no son multifactoriales, por lo que la población vinculada a los grupos delincuenciales son sólo una pequeña parte del problema que implica y son “víctimas” del conflicto.
“Este fenómeno refleja asuntos mucho más complejos, hay un fenómeno político, social y de criminalidad, pero es muy difícil distinguir quién está de un lado u otro (…) no creo que sea un problema de una administración, se ha reducido y ha impactado y se ha desviado a muchos de los efectos y lastima a la ciudadanía y comunidades”.
Desde la capital poblana, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha prometido restablecer el Estado de Derecho en el Triángulo Rojo, una zona donde la delincuencia tiene el control territorial, donde los pobladores no han dudado en atacar a militares, policías federales y estatales para impedir el decomiso de vehículos y detección de poderosos líderes.
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