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La Paz.— Una crisis en el interior del Congreso de Baja California Sur se ha generado al revelarse dos denuncias en contra de diputados. La primera, por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y una más por presunto peculado.
Nueve diputados de los 21 integrantes de la 15 Legislatura local interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en contra de sus otros 12 compañeros de curul.
Los denunciantes señalaron que sus compañeros incurrieron presuntamente en conductas ilícitas relacionadas con la destitución, en sesión privada, del presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, Ramiro Ruiz Flores, y José Manuel Ortega Pillado, quien fungía como secretario de la misma.
En la exposición de hechos, los diputados Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Wormer Ruiz, Daniela Rubio Avilés, Maricela Pineda, José Luis Perpuli, Anita Beltrán, Elizabeth Rocha Torres, Héctor Manuel Ortega Pillado y Sandra Moreno Vázquez denunciaron que dicha reunión privada se realizó el pasado 5 de marzo y el procedimiento no estuvo apegado a derecho, ni existió causa justificada, incluso acusaron un acta presuntamente falsificada.
Los inconformes pertenecen a diversos partidos, incluidos el PAN, PRD, PRS, Partido Humanista y Morena. También conforman este bloque quienes con el paso del tiempo —desde la instalación de la actual Legislatura, en agosto de 2018— se han ido declarando como “sin partido”.
Los legisladores denunciados son: Milena Quiroga Romero, Homero González Medrano, María Petra Juárez Maceda, Lorenia Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva, Rigoberto Murillo Aguilar y Rosalba Rodríguez López.
Asimismo, están en la lista Humberto Arce Cordero, Soledad Saldaña Bañales, Marcelo Armenta, María Mercedes Maciel y Esteban Ojeda Ramírez, pertenecientes a las fracciones de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT).
En conferencia de prensa, celebrada el viernes pasado, los diputados rechazaron incurrir en alguna ilegalidad y acusaron que se trata de un tema “mediático”. La diputada morenista Milena Quiroga aseguró que aún no ha recibido la notificación de la denuncia.
En tanto, los legisladores denunciantes confirmaron, por separado, que se presentó la querella el pasado 13 de marzo y sostuvieron que sus compañeros del Legislativo cometieron actos ilegales.
No es todo. Por otra parte, una segunda denuncia, por el presunto delito de peculado, fue interpuesta en contra del diputado sudcaliforniano Rigoberto Murillo Aguilar, perteneciente a la bancada del PES.
Murillo Aguilar fue nombrado presidente de la Comisión de Cuenta y Administración por los mismos 12 legisladores que fueron denunciados por presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con los miembros del legislativo que interpusieron la denuncia, Murillo Aguilar cobró presuntamente un cheque por la cantidad de 337 mil pesos, como gastos a comprobar, a fin de realizar foros para socializar una ley de movilidad; sin embargo, derivado de una revisión, se corroboró que no entregó el dinero a uno de los proveedores que participó en la logística.
En conferencia de prensa, Murillo Aguilar negó los hechos y dijo tener pruebas que lo respaldan.
