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Aguascalientes.- Veinte diputados del PAN-PRI-PRD anunciaron que sus partidos han denunciado penalmente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ; a la candidata a la gubernatura, Nora Ruvalcaba , y a otros servidores públicos, por el uso de recursos y programas públicos en la campaña electoral de Morena en Aguascalientes .
Las denuncias fueron interpuestas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República y ante su homóloga local, por el supuesto uso de dinero del que se desconoce su origen y el condicionamiento de programas sociales del Gobierno Federal para promover el voto a favor de la abanderada morenista.
Los legisladores de la coalición “Va por Aguascalientes” resaltaron la pasarela de los secretarios de Estado Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Rocío Nahle García, Tatiana Clouthier, gobernadores y de la jefa de Gobierno de la CDMX, en los actos de campaña de Morena.
También se quejaron por la presencia de cientos de brigadistas y funcionarios de primer nivel de la Ciudad de México que se encuentran operando en Aguascalientes.
“No a la intromisión de agentes externos, no a violentar la elección”, advirtieron 18 diputados locales y dos federales en un posicionamiento conjunto en una plaza pública del centro de la ciudad.
El diputado local Luis Enrique García López, al frente de sus homólogos, señaló que a las denuncias anexaron elementos de prueba, constancias y fotografías fedatadas por notarios públicos sobre los hechos denunciados, entre ellos la identificación de al menos 50 funcionarios públicos del gobierno de Sheinbaum.
Las denuncias formuladas en las fiscalías son en contra de quien resulte responsable de la comisión de delitos electorales, con el señalamiento directo a varios funcionarios, entre ellos Sheinbaum, la candidata Nora Ruvalcaba y Giovanna Portilla González, quien recibe depósitos de dinero para el pago de hospedaje, alimentos y transporte de los brigadistas.
“¿Por qué Claudia está financiando la campaña de Nora Ruvalcaba?; esto lo hacemos a través de una aclaratoria, la señora Giovanna Portilla González ha recibido transferencias en los últimos días, que se dedica a pagar en Aguascalientes”, aseveró.
Los diputados pidieron a la Fiscalía que se investigue de qué fuentes de financiamiento la señora Portilla está recibiendo para pagar la movilización.
García López reiteró que en Aguascalientes se vive una oleada de gente de otros estados que han venido a apoyar la campaña de la abanderada morenista.
“Tenemos identificado hoy en día la presencia de 475 personas que presuntamente vienen de otros estados de la República a apoyar la campaña de Nora Ruvalcaba, hospedados en esta lista de 11 hoteles del estado de Aguascalientes, de lo que tenemos certeza y está acreditado con fe notarial, en donde estas personas presumimos que son funcionarios públicos de otros estados y alcaldías de la Ciudad de México”.
Explicó que en un ejercicio de los costos de esos hoteles, por la cantidad de personas, eso representaría hasta 2.5 millones de pesos y en algún caso de hasta 3.7 millones de pesos, que no se sabe de dónde provengan, “pero lo más peligroso y raro es que no se están reportando en los gastos de campaña” a la autoridad electoral.
Piden que se clarifique quién está financiando esos gastos de campaña, de dónde viene ese efectivo, y por qué no se están reportando esos gastos.
Exhibieron fotografías de los brigadistas de Morena comiendo en diferentes hoteles, “que son los hoteles de donde salen a trabajar a sus áreas; esas personas vienen a amedrentar, a condicionar los programas sociales de Gobierno Federal a cambio de que voten por Morena”.
Detalló que también tienen acreditada la presencia de funcionarios de primer nivel, de diputados, regidores de la Ciudad de México y de otras alcaldías del país, que lo que están haciendo es alterar el orden público, la tranquilidad y la paz de Aguascalientes.
Explicó que las denuncias no tienen que ver con la limitación que vengan personas de otros estados del país, sino con la exigencia que se fiscalicen los recursos que utilizan y de dónde vienen.
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