Difieren sobre la legalidad de consulta

Ante el rechazo de activistas, organizaciones y pueblos originarios a la consulta del gobierno federal sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, defendió el valor de las Asambleas Regionales Consultivas realizadas el 30 y 31 de marzo en siete sedes de Oaxaca y Veracruz.

Recalcó que se apegaron a los estándares internacionales e insistió en que si alguna comunidad considera que puede tener afectaciones por el proyecto, el gobierno federal realizará consultas específicas con todos los protocolos.

Sin embargo, de acuerdo con Raúl Rangel, consultor jurídico de pueblos indígenas, existen dos solicitudes de amparo contra esta consulta, las cuales fueron presentadas por habitantes de comunidades originarias de Oaxaca, porque las asambleas realizadas no observaron los protocolos internacionales que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No fueron previas, libres, informadas, de buena fe ni culturalmente adecuadas a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que toman acuerdos mediante asambleas comunitarias, figura distinta a la empleada por el gobierno federal.

Sobre estos señalamientos, Regino Montes aseguró a EL UNIVERSAL que como no existe una legislación en materia de consulta indígena, “por eso se elaboró un protocolo que respaldara la realización de las Asambleas Regionales Consultivas, en las que participaron 3 mil 397 autoridades de todas las comunidades del Istmo de Tehuantepec, según las actas que se elaboraron en cada una de las siete sedes”.

El diputado federal oaxaqueño Manuel García Corpus (Morena) recordó que el 18 de octubre de 2018 presentó una iniciativa para crear la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que regularía las consultas, la cual no se dictaminó.

Los amparos contra la consulta no son el único obstáculo que ha encontrado el Programa de Desarrollo del Istmo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó desde hace más de un mes al gobierno federal que emita medidas cautelares a favor de comunidades indígenas que serán impactadas por el proyecto que contempla la rehabilitación del Tren Transístmico, la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y la construcción de un gasoducto.

Además, integrantes de pueblos originarios presentaron una queja ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Taul-Corpuz, quien dijo que estará pendiente de la actuación del gobierno mexicano.