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La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Iván Ernesto “N” por su probable responsabilidad por los delitos de homicidio infantil en número de dos, feminicidio y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, crímenes cometidos en perjuicio de Irlanda Rocío “N” y sus dos hijos menores de edad en Puerto Peñasco, Sonora.
Las investigaciones sobre este proditorio crimen iniciaron el 14 de mayo tras el hallazgo del cuerpo de un menor de aproximadamente 4 años de edad en un predio de la colonia Obrera, en Puerto Peñasco, Sonora, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.
En seguimiento de este hallazgo se efectuaron diversas técnicas de investigación que llevaron a determinar la identidad del probable responsable y culminaron con un cateo en un domicilio ubicado en avenida Ferrocarril de la colonia López Portillo.
En dicho inmueble se localizaron diversos indicios, como un cuchillo, así como cobijas y sábanas con manchas hemáticas, entre otros, mientras que en el patio de la vivienda se localizaron los cuerpos de Irlanda Rocío “N” y el de su hija menor de edad.
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Con todo lo anterior integrado en la correspondiente carpeta de investigación, se solicitó al Juez de Control una orden de aprehensión contra el señalado, quien fue ubicado en Huatabampo, Sonora, donde se ejecutó el mandato judicial de captura en su contra.
Tras su detención, el sujeto fue trasladado ante la autoridad judicial que le requirió en Puerto Peñasco, Sonora, donde se celebró la audiencia inicial y se formuló imputación por los delitos mencionados, solicitándose la vinculación a proceso contra el acusado.
Sin embargo, se tomó la determinación de ampliar el término constitucional, por lo que el imputado fue puesto en prisión preventiva justificada por disposición del Juez de Control, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen la situación jurídica de Iván Ernesto “N”.
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A la par con esto, se sigue investigando la existencia de diversos antecedentes en contra del imputado, por lo que se informará a la opinión pública de los avances en el proceso legal conforme el debido proceso lo permita a fin de garantizar el derecho a la información para la población y el derecho de acceso a la justicia para las víctimas.
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