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Hermosillo, Sonora.- Una mujer prestamista fue detenida e imputada por las autoridades por ejercer actos de coacción personal y telefónica contra clientes al realizar cobranza extrajudicial.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, como parte de las acciones contra prácticas ilícitas en materia financiera no regulada, realizó imputación a Telma Lizbeth “N” por su probable responsabilidad en el delito de cobranza extrajudicial ilícita en número de tres, bajo la modalidad de concurso real de delitos, en agravio de Rosa María “N”, en Hermosillo.
De acuerdo con los antecedentes integrados en diversas carpetas de investigación, la imputada es señalada por operar como prestamista particular con cobros a través de intimidación, amenazas y violencia psicológica hacia sus víctimas, en préstamos no regulados por la ley.
En el caso que motivó la presente causa penal, entre el 19 y el 30 de abril de 2024, Telma Lizbeth “N” habría ejercido actos de coacción personal y telefónica contra la víctima, amenazándola con exhibirla en redes sociales, embargar sus bienes, acudir a los negocios de su familia y causarle afectaciones si no realizaba el pago de los abonos.
La imputada cuenta con al menos 20 carpetas de investigación por hechos similares en distintas unidades de investigación del Estado, incluyendo una causa próxima a juicio oral por amenazas y daños agravados en grado de tentativa, por lanzar un artefacto incendiario contra una víctima.
La orden de aprehensión fue ejecutada el 13 de julio de 2025; el día 14 se celebró audiencia de formulación de imputación, en la cual se solicitó vinculación a proceso y se amplió el término constitucional a 144 horas.
Ante el riesgo fundado hacia la víctima y la existencia de otros procesos penales en su contra, el Juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su firme compromiso con la protección de las personas afectadas por prácticas ilegales en esquemas de préstamo y con la investigación y sanción de conductas que vulneren la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, bajo los principios de legalidad y debido proceso.
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