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Durante las auditorías practicadas al ejercicio fiscal 2019 en el estado de Puebla se detectaron presuntas anomalías por tres mil 200 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó al Congreso del Estado la Cuenta Pública del 2019, donde se revisó un presupuesto superior a los 90 mil millones de pesos.
Se trató de 110 observaciones, de las cuales 73 se solventaron, 6 fueron recomendaciones y en 31 se encontró un posible daño patrimonial.
El 2019 fue un año atípico en Puebla, pues tras la muerte -en un accidente aéreo- de la gobernadora Martha Erika Alonso , pasaron tres encargados del gobierno estatal.
Primero fue nombrado como encargado de despacho del gobierno estatal, el secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, quien estuvo un periodo de dos meses; luego el Congreso designó de febrero a julio al interino, Guillermo Pacheco Pulido; y posteriormente tomó protesta como gobernador constitucional Luis Miguel Barbosa Huerta.
La presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Olga Lucia Romero Garcicrespo precisó que se encontraron anomalías en las gestiones del encargado de despacho y del interino.
“Las observaciones encontradas en la revisión del informe individual de resultados de fiscalización no corresponden al actual titular del Poder Ejecutivo Estatal”, aclaró la legisladora.
Exalcaldes la libran
En tanto, el pleno del Congreso aprobó 49 cuentas públicas de ex presidentes municipales y ex funcionarios, algunas de las cuales eran del 2008 sin ser dictaminadas.
A propuesta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso se propuso denuncias penales por presuntos daños patrimoniales en contra de autoridades de ocho municipios, pero en otros casos por haber preescrito cualquier sanción sobreser los casos.
Al presentar la Resolución de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades, los legisladores acordaron solicitar a la Auditoría Superior del Estado proceder, en su caso, presentar denuncia ante el Ministerio Público por el daño patrimonial causado a la hacienda pública.
Se trata de autoridades municipales de San Jerónimo Tecuanipan por irregularidades en el 2012, Zoquiapan (2012), Huaquechula (2013), Zapotitlán de Méndez (2014), Atzizintla (2015), Altepexi (2013), Atoyatempan (2014), y Tepexco (2014).
Sin embargo, la diputada Romero Garcicrespo reveló que la revisión de sus cuentas públicas prescribieron desde 2017.
Explicó que si bien prescribieron, aún se pueden presentar las denuncias penales, pero ello dependerá de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Recordó que la prescripción en la revisión de cuentas públicas es responsabilidad de los anteriores ex titulares de la ASE, pues no respondieron oficios que obligara a los sujetos de revisión a solventar los daños.
afcl
