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Oaxaca de Juárez.— La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, presentó ayer el informe especial “Desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca”, en las instalaciones del Congreso del Estado.
Durante la presentación, informó que entre los años 2020 y 2023 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes, y se han contabilizado a 5 mil 499 víctimas de desplazamiento forzado interno en la entidad.
En 142 de los 156 expedientes de queja son casos que ocurrieron en comunidades indígenas, el resto en poblaciones urbanas. Por región, precisó que son 63 casos en la Sierra Norte, 35 en los Valles Centrales, 26 en la Mixteca, 22 en la Sierra Sur, 5 en la Cuenca del Papaloapan, 4 en el Istmo de Tehuantepec y 3 en la Costa.
Las principales causas del desplazamiento interno en Oaxaca son la imposición y aplicación de sanciones comunitarias, la intolerancia religiosa, los conflictos de tierras o agrarios y la explotación de recursos naturales, los conflictos por nombramientos de las autoridades municipales, y la violencia por conflictos agrarios, políticos y religiosos.
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Elizabeth Lara dijo que las recomendaciones que emite el organismo a su cargo son que se debe reconocer el desplazamiento forzado interno como algo que genera violaciones a derechos humanos, identificar las causas estructurales, contar con un marco normativo, contar con información cualitativa y cuantitativa, diseñar políticas públicas y un programa integral de atención, la reparación integral del daño a las víctimas y mejorar la coordinación interinstitucional, entre otras.
La DDHPO ha emitido 250 medidas cautelares, tres recomendaciones y el 3 de enero de 2024 presentó un proyecto de reforma constitucional para procurar una atención integral a las víctimas.
Las víctimas de desplazamiento forzado interno en Oaxaca sufren daños físicos, materiales, psicológicos, comunitarios y el desarraigo.
El informe, dijo, tiene el objetivo de presentar un panorama sobre las personas desplazadas en la entidad, visibilizar a las víctimas que son principalmente de comunidades y pueblos indígenas, analizar las causas y ofrecer alternativas de atención y solución.
afcl/LL
