Copala.— Alrededor de 137 familias triquis, originarias de Tierra Blanca Copala, comunidad de la Mixteca de Oaxaca, esperan que los gobiernos municipal y estatal acepten las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
El 16 de marzo se cumple el plazo impuesto por la CNDH para que las autoridades acepten o rechacen las recomendaciones. Si se niegan a cumplirlas, el Senado de la República las llamará a comparecencia.
Ante ello, las familias hacen un llamado para que “por actos de humanidad” acepten las recomendaciones, además de buscar estrategias necesarias que ayuden a generar las condiciones de seguridad para el retorno de los desplazados.
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“Ya ha pasado más de un año y dos meses que huyeron las personas de sus hogares, es una situación urgente y prioritaria para nosotros y también para el gobernador. Esperamos que lo antes posible se trace una ruta de retorno”, manifestaron.
El 22 de febrero, en el expediente CNDH/4/2021/9908/Q, el organismo señaló que se debe cumplir con la reparación de daños a las familias triquis.
“Ya llevamos dos semanas que las recomendaciones se hicieron públicas, pero no se ha instalado ninguna mesa para abordar el tema, nadie nos ha contactado para darle cauce”, declararon autoridades de Tierra Blanca a EL UNIVERSAL.
La CNDH reconoció en su recomendación el desplazamiento forzado interno de familias de Tierra Blanca, que ha provocado que muchas habiten en otras localidades como en Yosoyuxi, Juxtlahuaca, Putla de Guerrero, Tlaxiaco, así como en otros puntos del estado y en la Ciudad de México.
El organismo detalla que entre las violaciones a los derechos humanos de los desplazados destacan la falta del acceso a la salud, vivienda, seguridad pública, el derecho a la educación, a no sufrir violencia de género, al trabajo, a la alimentación y a la atención médica.
Así como las violaciones al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles directamente a la Fiscalía General de Estado de Oaxaca (FGEO) en la integración de la carpeta de investigación, luego de una serie de irregularidades documentadas por la CNDH.
El escrito señala al gobierno de Oaxaca, al titular de la FGEO y al edil de Juxtlahuaca por no prever el desplazamiento forzado, que ocurrió el pasado 26 de diciembre de 2020.
Tres meses para cumplir
Especialmente, la CNDH llamó al gobernador a que realice un plan de trabajo que impulse en un plazo de tres meses el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAV).
El organismo hizo hincapié en que el gobierno estatal y el presidente municipal de Juxtlahuaca, de manera coordinada, son los responsables de reparar integralmente los daños a las familias de Tierra Blanca y de inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
Aunado a ello, el gobierno de Oaxaca también debe proporcionarles el tratamiento médico y sicológico para restablecer su salud física y emocional.
También llamó al fiscal general para que garantice el derecho humano de acceso a la justicia y la reparación integral por los daños causados, donde se incluya la compensación justa y suficiente, entre otras.
Según el último informe de la CNDH sobre el fenómeno del desplazamiento forzado interno, en 2020, 37.5% de los casos de víctimas se registraron en los estados de Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo con cifras de la CNDH, en 2020 se registraron 24 sucesos de desplazamiento masivo, de los cuales 10 se presentaron en comunidades indígenas, que representan 41.6%.
Según un conteo realizado por EL UNIVERSAL, hasta el pasado 3 de noviembre, entre 2019 y 2021, al menos 3 mil 194 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca a causa de conflictos y violencia.
Gobierno federal, ¿sin culpa?
Ante el informe de la CNDH, desplazados de Tierra Blanca, lamentaron que el organismo de derechos humanos no haya hecho recomendaciones a la Secretaría de Gobernación ni a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, al ser también responsables del desplazamiento de decenas de familias triquis, al violarse acuerdos internacionales.
“Lo que está haciendo la CNDH es echar la responsabilidad al estado y al municipio, aun sabiendo que el gobierno estatal se ha caracterizado por no cumplir las recomendaciones ni las medidas cautelares. No vemos que haya un respaldo para los desplazados”, señalaron los refugiados de Tierra Blanca a este medio.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), coincidió con las autoridades de Tierra Blanca y se pronunció en contra de las recomendaciones de la CNDH por no responsabilizar a las instancias del gobierno federal.
