Villahermosa.— Un total de 604 familias de Teapa, Tabasco, fueron reubicadas para despejar el paso del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con un presupuesto de 351.1 millones de pesos, las familias que por décadas vivieron en los derechos de vía del antiguo Tren Transístmico fueron a tres fraccionamientos: Bella Luz, donde vivirían 296 familias; Bosques de la Sierra, para 200, y Sueño de Piedra, para 108 familias.

Sin embargo, lo que se prometió como un nuevo comienzo se ha convertido para la gente en engaño, negligencia y opacidad.

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El fraccionamiento Sueño de Piedra resume la decepción. Las casas, entregadas en obra negra, son solamente un cascarón. No tienen agua potable, la electricidad es inestable, y las calles no están pavimentadas ni cuentan con alumbrado público. Para llegar hay una carretera a medio construir.

Dentro de las viviendas, los habitantes enfrentan filtraciones, tuberías tapadas y derrame de aguas negras.

Doña Romana López Gómez, quien vivió 38 años junto a las vías, describe que las cosas para ellos cambiaron, pero para empeorar.

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“Vivíamos mejor antes. Ahora no tenemos agua, la luz falla y no hay escrituras. Nos dieron una garantía de un año, pero la Conavi [Comisión Nacional de Vivienda] no responde”, se lamenta la mujer.

Explica que el agua llega cada 15 días en pipas, lo que es insuficiente en el calor tabasqueño, mientras que el alumbrado público no existe.

Los constructores culpan a la Comisión Nacional de Vivienda, encargada del proyecto, la Conavi a los constructores, y las familias pagan los platos rotos.

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Un circo de promesas rotas

La reubicación de más de 600 familias fue ejecutada con irregularidades. Se prometió un subsidio por familia de 581 mil 420 pesos para pagar renta mientras se construían las casas nuevas. Sin embargo, muchos nunca recibieron los recursos.

Algunos pagaron sus propios arriendos y otros buscaron refugio con familiares. Incluso, más de cien familias no alcanzaron viviendas y permanecen a 50 metros de las vías del tren.

“Nos sacaron con amenazas, nos vieron la cara”, reclama Romana, quien exige que [el expresidente] López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum les den la cara.

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Nicanor Jiménez, otro afectado, extrae agua de un aljibe en su patio. “Allá teníamos agua suficiente; aquí es peor”, lamenta.

Carmen Díaz Palma, una adulta mayor, dice que invirtió 7 mil pesos de su dinero para hacer habitable su casa, pero no es suficiente. “Nos dejaron botados”, enfatiza.

Yessenia Galindo, habitante de la zona, denunció desde 2022 la opacidad en el manejo de los 351.1 millones de pesos. “No sabemos el costo real de las viviendas ni de los terrenos. ¡Huele a corrupción!”, dijo.

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Reclaman que en la Conavi no hay información detallada sobre el uso de los recursos.

Cansados de las promesas, los vecinos ahora forman comités y recolectan firmas. Piden audiencias con el gobernador Javier May, y advierten que sin respuestas, empezarán a bloquear carreteras.

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