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La Fiscalía General de Veracruz , a cargo de Jorge Winckler Ortiz , desacató una recomendación emitida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW, por sus siglas en inglés).
En julio de 2017, el Tratado Internacional de Naciones Unidas , emitió una recomendación tras el asesinato de Pilar Argüello Trujillo , ocurrido 3 de septiembre de 2012 en el municipio de Coscomatepec .
El dictamen de la CEDAW fijó como plazo máximo seis meses, los cuales concluyeron sin que la fiscalía de Winckler atendiera la solicitud.
La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos , dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) giró un oficio, con número DDH/09665, al fiscal general, en el que lo instó a realizar el segumiento del caso, sin éxito.
Sin embargo, en la FGE de Winckler nada avanzó.
Documentos en poder de EL UNIVERSAL dan cuenta que la Fiscalía de Veracruz dilató la atención a la solicitud federal e internacional.
Pilar Argüello
fue encontrada muerta, el 3 de septiembre de 2012, por elementos de la Policía de Coscomatepec, hechos por los que se inició la investigación ministerial 11/2012 en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación de Huatusco .
Las primeras investigaciones llevaron a la detención del menor Alejandro “N” como presunto responsable por el delito de homicidio doloso agravado ; aunque en la audiencia de vinculación, en el Juzgado de Responsabilidad Juvenil de Palma Sola , se legalizó su detención y en el avance del juicio consiguió sentencia absolutoria.
Tras la liberación, Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales , padres de la víctima, acudieron ante la CEDAW , para que fuera ese organismo de Naciones Unidas el que instara al Estado mexicano a reforzar sus acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.
La notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue recibida en la oficina del fiscal el 9 de noviembre de 2017 y transferida siete días después mediante un oficio, FGE/OF/12130/2017, al fiscal de Investigaciones Ministeriales , Gustavo Fernando Vasto Pulido .
El caso llegó hasta la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba , a cargo de Martha Lidia Pérez Gumecindo , el 28 de noviembre de 2017, con un documento en el que le requerían dar cumplimiento al requerimiento de la CEDAW.
Al caso se suma a otro incumplimiento del Fiscal a una recomendación, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual se le pedía ofrecer disculpas a familiares de 39 personas desaparecidas en Veracruz , por las omisiones en las investigaciones para ubicar a sus seres queridos.
El funcionario estatal sigue sin dar cumpliento a la recomendación sobre pedir disculpas públicas a las víctimas, incluirlos en el Registro Estatal de Víctimas y pagarles una compensación justa por las omisiones del Estado.
Durante el periodo comprendido entre el 02 de abril de 2010 al 06 de octubre de 2016, desaparecieron al menos 39 personas, tiempo en el que el priista Javier Duarte de Ochoa era gobernador de ese estado.
La CEDH recomendó la realización de gestiones correspondientes para que se pague una compensación justa a las víctimas, de lo cual el Fiscal General no ha presentado avance alguno; como tampoco en la recomendación de investigar a los servidores públicos que hayan participado, por acción u omisión, en las violaciones a los derechos de las víctimas para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.
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