Damnificados de la inundación de Tula presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por los posibles delitos de negociaciones indebidas y lo que resulte en contra del alcalde Manuel Hernández Badillo (PRD) por la entrega de colchones reutilizados y en mal estado a los damnificados de los hechos ocurridos en septiembre de 2021.
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En la denuncia, presentada el pasado 17 de enero, la Gran Asamblea de Damnificados expuso que a partir del 21 de octubre de 2021 el gobierno municipal y el DIF Estatal iniciaron una campaña de entrega de colchones para las diferentes zonas afectadas del municipio de Tula.
“Por inicios de noviembre de 2021, aproximadamente, la gente comenzó a externarnos, dentro del grupo de damnificados, que estaban presentando laceración y afectación en la piel, y que a un mes ya los colchones que se les habían dado les lastimaban el cuerpo, refiriendo también que los colchones desprendían mal olor, por lo que nos dimos a la tarea de buscar apoyo a través de una asociación civil que estaba apoyando a los damnificados, que era Unidos por Tula, para que ellos mandaran a revisar la calidad de los colchones que se habían entregado”, se lee en la denuncia presentada.
En varias ocasiones, los damnificados han denunciado que los colchones que les entregaron eran insalubres, presentaban mal olor, tenían manchas de orina y excremento, y en su interior se encontraron desde chinches, garrapatas y pulgas hasta pañales y deshechos sanitarios, que provocaron sarpullido y ronchas a niños y adultos.
A partir de este hecho, integrantes de la asociación Unidos por Tula han llevado a cabo una serie de acciones para exigir que se investigue la compra de 763 colchones, cuyo valor estiman entre 50 y 100 pesos, y que fueron adquiridos a tres proveedores con un costo total cercano al millón de pesos.
El gasto
Según la información recabada por Unidos por Tula, el gobierno municipal adquirió 923 colchones con cinco proveedores: 428 unidades provenían de la Comercializadora Nassim, S.A. de C.V., a la que le pagaron 509 mil 629.58 pesos; 200 unidades de Erandeni Yunnen León López, que costaron 336 mil 400 pesos; 135 unidades de Expomuebles San Lorenzo, S.A. de C.V., por 133 mil 650 pesos; 40 de Miguel Ángel Martínez Espinoza, que costaron 48 mil 11.01 pesos, y 100 de Gestión y Servicios Empresariales Ablex, S.A. de C.V., por un total de 168 mil 200 pesos.
En respuesta a una solicitud de información, la Tesorería del municipio de Tula detalló que “no se cuenta con un contrato de compra, ya que la solicitud se hacía mediante vía telefónica al proveedor, considerando la disponibilidad del producto… con la finalidad de dar una respuesta inmediata de apoyo a los damnificados”.
El 9 de febrero de 2022 un grupo de damnificados llevó a cabo una protesta en la que demostraron que los colchones que les fueron entregados estaban sucios y en pésimas condiciones.
En esa ocasión se dijeron burlados por las autoridades y lamentaron la falta de respeto.
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Piden apoyo del gobernador
Recientemente, Unidos por Tula hizo un llamado al gobernador Julio Menchaca para que intervenga y se investigue la utilización de los fondos para los damnificados, ya que, aseguran, durante los cuatro meses posteriores a la inundación el municipio recibió 48 millones 235 mil 990.03 pesos por concepto de recursos extraordinarios, a los que se suman otros 10 millones que llegaron en abril de 2022.
En una carta abierta fechada el 13 de enero de 2023 indicaron que el gobierno justificó que 37 millones de pesos se gastaron en “fumigación y jardinería”, mientras las familias damnificadas no recibieron apoyos.
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