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Monterrey.— La reorganización del sistema estatal penitenciario, que incluyó el cierre del penal del Topo Chico y el traslado de más de 2 mil 500 internos al penal de Apodaca, agravó los problemas de extorsión y torturas contra internos, acusó Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (Cadhac).
La activista indicó que detrás de los videos e imágenes que se difundieron recientemente sobre el tema penitenciario, la realidad es que la organización ha recibido cientos de testimonios sobre torturas, malos tratos, cobros indebidos, delitos contra los internos y sus familias.
“Viene la familia y denuncia; me dicen que para que dejen al interno en paz tienen que depositar 4 mil pesos, sacarle foto al depósito y luego enviarlo a un número; es toda una organización delincuencial la que está haciendo esto”, denunció.
Morales Elizondo afirmó que ya no se debe seguir permitiendo el abuso extralimitado que están cometiendo contra las personas presas y sus familias, “duele mucho ver al familiar llevar lo poco que ganan honestamente para que no golpeen a su interno, ¿hasta cuándo se va a seguir con esta farsa, hasta cuándo se van a detener estas ilegalidades?”.
Señaló que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón es quien debe asumir la responsabilidad por estos hechos, como lo marca la ley.
Acusó que las violaciones a los derechos humanos y las prácticas de extorsión se agudizaron desde la llegada de Eduardo Guerrero Durán, quien aparece como asesor en temas penitenciarios del gobernador Jaime Rodríguez, pero sin que se haga responsable de las situaciones.
“Estamos pidiendo que por la paz de Nuevo León al interior de los penales exista legalidad y se trabaje de acuerdo a la ley, no de acuerdo a otras organizaciones que se forman para las extorsiones”, dijo.
