Chilpancingo

.- fueron decomisados, además de que un hombre fue detenido, como resultado de la operación que implementó el Ejército y la Policía Estatal en la comunidad de Tlanicuilulco, en el municipio de Quechultenango, el bastión de la organización criminal , días antes de que pobladores expulsaran a los militares de esa localidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado, informaron que se logró la detención de una persona del sexo masculino, aseguró un total de 28 kilos de hierba seca con características propias de la marihuana, 11 vehículos , una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.

“Lo anterior en cumplimiento a una orden de cateo concedida por un Juez de Control, cumplimentada el día 15 de febrero de 2022 en un inmueble ubicado en la calle Libertad del municipio en mención, asegurando también 7 vehículos con reporte de robo en un terreno con características de deshuesadero en el poblado de Tlanicuilulco, además de 5 inmuebles donde se encontraron autopartes como: 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, 7 radiadores, 7 condensadores, 7 salpicaderas, 3 cofres, 2 tableros, un medallón, así como 2 motores y 4 vehículos desarmados también con reporte de robo”, dice el comunicado.

Además informó del aseguramiento de los tres ejemplares de tigre quedaron a disposición de la autoridad competente.

El domingo pasado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Ministerial iniciaron una operación en el municipio de Quechultenango.

Sin embargo, los pobladores el pasado martes retuvieron por más de ocho horas a unos 30 soldados y policías para exigir que fueran retirados de Quechultenango.

Quechultenango es el bastión de Los Ardillos, una de las organizaciones criminales que más ha crecido en la última década.

Los Ardillos son encabezados por los hermanos Celso, Antonio y Jorge Ortega Jiménez.

Distintos colectivos de desaparecidos acusan al diputado local por el PRD, Bernardo Ortega Jiménez de ser el que gestiona seguridad a sus hermanos.

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