Ciudad Juárez.— “Sólo fuimos a pedir justicia, no venimos a hacer política ni conocemos a nadie en México, no conocemos a esa señora Maru [María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua], no tenemos nada que ver con eso”, aseguró José, un migrante venezolano de apenas 20 años.
Sentado sobre la banqueta de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) cerrada tras el incendio que cobró la vida de 39 migrantes y 27 resultaron heridos la noche del pasado 27 de marzo, José usa un collar con el retrato de su amigo Óscar, quien falleció por el fuego. El sueño de ambos era llegar a Houston, Estados Unidos, para trabajar y enviar dinero a sus familias.
José dijo en tono molesto que no saben por qué los relacionan con la gobernadora de Chihuahua, cuyo nombre desconoce.
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“Nosotros estamos aquí por la muerte de nuestros hermanos venezolanos, no estamos aquí por el sistema de política, nosotros queremos justicia por los compañeros de nosotros, por eso estamos aquí”, subrayó.
El viernes pasado, José y sus compañeros subieron a un autobús que puso un grupo de activistas con el objeto de ir a exigir justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió en privado con servidores de la nación y empleados del Banco del Bienestar en el gimnasio de Colegio de Bachilleres.
Durante la manifestación, el Mandatario federal señaló a una de las activistas de haber sido enviada por Maru, lo que la mujer rechazó.
Junto con otros compatriotas, José contó su historia. Emigró de Mérida, Venezuela, desde octubre de 2022; en su tierra dejó a su esposa, un hijo de brazos y a su madre. Llegó a Colombia, después siguió una ruta por Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y a México, cuidándose de los agentes de migración y de los policías estatales.
José dijo que luego de ese lunes no ha salido a trabajar (pedir dinero en los cruceros), está en “sobrevivencia” y espera informes sobre el cuerpo de Óscar con miedo, “porque nos podemos poner a trabajar, que nos detengan y nos pase lo mismo que le paso a él”.
Señaló que estar dentro de la estación provisional de migración era como en una cárcel, donde no dejan tener celulares y son presa de la extorsión por parte de los agentes de migración.
Su meta —como él la llama— es obtener una visa para poder trabajar de manera legal en Estados Unidos.
Los Chamos junto a José mencionaron que Jaison Daniel Catari Rivas, quien fue detenido y llevado a la estación migratoria el día del incendio, no murió y se encuentra hospitalizado de gravedad: “Dicen que está detenido porque afirman que él es el responsable del incendio”, relató otro venezolano, rechazando tal versión que no ha sido confirmada por las autoridades.
Rezan por muertos y heridos
A casi un kilómetro de distancia de la estación migratoria, en la capilla de la Misión de Guadalupe, junto a la catedral, se ofició una misa por los desaparecidos de Ciudad Juárez, pero además se alzaron plegarias por los 39 migrantes que murieron y 27 más que resultaron heridos.
En el atrio de la catedral un grupo de migrantes se refugia del sol. Mujeres, hombres y niños con los rostros curtidos llegaron desde las ocho de la mañana, pues en el comedor de la Diócesis de Ciudad Juárez dan alimentos y café gratis. Ninguno entra al inicio de la ceremonia religiosa.
Afuera, en las escalinatas, el colectivo Familias Unidas por Verdad y la Justicia, coloca un tejido rojo de rafia —símbolo de los desaparecidos hecho por los familiares de las víctimas— y una cartulina con el mensaje: “Solidaridad para los migrantes”.
Alejandro Durán, integrante del colectivo, dijo que uno de los objetivos de la misa es decirle a la sociedad que no se ha encontrado a hombres y mujeres desaparecidos, pero en esta ocasión coincide con este crimen contra las personas migrantes “con quienes nos solidarizamos en su exigencia de justicia”.
Durán explicó que el tejido de rafia roja es un signo que “grita: dónde está la justicia” ante tanta sangre en la ciudad y en el país, porque es una manera de visibilizar su lucha.
