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Juchitán. – La implementación de los proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha significado la criminalización, la represión y el divisionismo entre las comunidades del sur de Oaxaca, resumió un informe de mayo de 2021 a mayo de 2024, que será presentado este jueves 27 en la capital oaxaqueña.
Dicho informe sintetiza los mecanismos de cooptación, agresión, intimidación y persecución en contra de las comunidades indígenas, no por oponerse a los planes del CIIT, sino por preguntar los beneficios y perjuicios, por tener dudas, por desconfiar, ante tantos años de engaños y mentiras; por ello los clasificaron como enemigos.
Hasta el momento, dice el informe, hay unas 55 personas vinculadas a proceso penal por mostrar una actitud digna, de resistencia y de escepticismo ante el referido proyecto del CIIT que contempla la instalación de parques industriales, sin que se consulten a las poblaciones, así como la rehabilitación del Tren Transístmico.
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En dicho informe de mayo de 2021 a mayo de 2024, se contempla el recorrido que realizaron los representantes de 23 organizaciones sociales del estado y el país, agrupados en la Misión Civil de Observación, los días 23 al 25 de julio del año pasado, en el que se recopilan las denuncias las agresiones registradas en diversas localidades istmeñas.
El informe de ese recorrido, recordó el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, fue descalificado por el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, quien dijo que no se consideraron todas las voces. “En ese entonces, le pedimos una audiencia, pero se negó”, explicó.
En Santa María Mixtequilla nueve personas opositoras a la venta de sus tierras y a la instalación de parque industrial en esa localidad siguen detenidas acusadas de diversos delitos. En la madrugada del sábado 27 de enero, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de la Agencia Estatal de Investigaciones irrumpieron en las viviendas y se los llevaron detenidos.
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Además, el informe abordará el caso de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, donde desde 2022, los campesinos asumieron la defensa de las tierras de uso común del paraje conocido como El Pitayal, en el que el gobierno compró un polígono de 300 hectáreas y vinculó a los pobladores en delitos comunes.
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