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Mérida.- A seis meses de que la Contraloría General del Estado interpusiera 31 denuncias contra funcionarios de la pasada administración por presuntas irregularidades financieras , aún no se cuenta con un informe sobre cómo han avanzado las investigaciones o si ya existen cargos contra algún exservidor público .
Lizbeth Basto Avilés
, contralora general del Estado, precisó que al momento la vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –entidad encargada de este proceso– ha llevado a cabo las diligencias necesarias para la revisión y aseguramiento de archivos, certificación de documentos e incluso de programas de los servidores dentro de cada dependencia.
No obstante, consideró, este tipo de procesos suelen ser lentos, no por mala fe sino porque requiere de varias revisiones y chequeos.
“Hemos estado trabajando de manera coordinada. La vicefiscalía nos ha solicitado información y en eso les hemos apoyando. Recordemos que ellos son los responsables de llevar a cabo la integración de las expedientes, nosotros sólo somos la parte denunciante”, declaró.
Fue en enero de este año cuando la Contraloría General del Estado dio a conocer que se interpondrían 31 denuncias ante la vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoria Superior del Estado , por presuntas irregularidades financieras en la administración 2012- 2018.
Tras la revisión de un total de dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, se detectaron anomalías en las Secretarías de Salud , Educación y Administración y Finanzas .
Sobre el tema, Basto Avilés precisó que de las 31 denuncias, 25 fueron presentadas por los responsables de cada organismo estatal, principalmente por faltantes de bienes muebles; mientras tanto la Contraloría presentó las seis restantes, que, según explicó, “implicaban un poco más de cuestiones encontradas en el proceso de entrega-recepción”.
Sostuvo que luego de esto, se presentó una adición derivada de una auditoría federal en el área de Desarrollo Rural y, aclaró, en caso de que en el futuro encuentren algún hecho que amerite una denuncia, no dudarán en presentarla.
Por otra parte, señaló que sería entre septiembre y octubre de este año, cuando se entreguen los resultados de los Dictámenes Financieros de los organismos paraestatales y descentralizados , que por ley están obligados a cumplir mediante un contador público externo.
Expuso que será en esas fechas cuando se realice la “Tercera Sesión del Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales”, que es donde se presentan estos dictámenes y en caso de no existir alguna duda o irregularidad, se aprueban los estados financieros del ejercicio anterior.
jabf
