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Xalapa.— El Congreso del estado inició el juicio político contra el fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, amigo del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Se trata de la primera audiencia de pruebas y alegatos ante los diputados integrantes de la Comisión Instructora del Congreso, instancia que recibió al menos una docena de solicitudes para enjuiciarlo.
En enero de 2015, Luis Ángel Bravo fue designado —por un periodo de nueve años— fiscal. Sin embargo, renunció en noviembre de 2016 por presiones del entonces gobernador electo, el panista Yunes Linares, y de diputados locales del PAN. En su lugar, la alianza PAN-PRD impulsó a Winckler, el abogado de la familia Yunes.
Colectivos de familiares de desaparecidos, como Solecito, así como empresarios, asociaciones civiles y partidos opositores al PAN, han denunciado la falta de autonomía y de resultados de Winckler.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, lo señala de presuntos delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas.
Ayer, Winckler llegó a su primera audiencia con un amparo ganado que lo protege de recientes reformas constitucionales impulsadas por los legisladores de Morena, las cuales buscaban allanar el camino para su destitución. La Carta Magna local establecía que para poder hacer un juicio político al fiscal se necesitaba la aprobación de la mayoría del Congreso y luego el voto a favor de la mayoría de los magistrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Semanas atrás, los legisladores habían reformado la Constitución para que sólo fuera el Congreso, sin la intervención del Poder Judicial, el que pudiera destituirlo, pero el fiscal consiguió un amparo para que esos cambios legales no se le apliquen e intervengan los magistrados. Al frente del Poder Judicial se encuentra el ex priísta Édel Álvarez Peña, amigo de Yunes Linares.
