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El Congreso de Tabasco comenzó la discusión de una reforma al Código Penal de esta entidad , en donde se busca castigar hasta con 20 años de prisión a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas o privadas. Se anotaron 10 legisladores para hablar a favor o en contra del dictamen.
Desde muy temprano de este lunes, llegó hasta el recinto legislativo el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana , quien se reunió con integrantes de diversas bancadas para explicarles los alcances de esta iniciativa propuesta por el gobernador Adán Augusto López Hernández , insistiendo que se trata de una ley que va en contra de los extorsionadores y no en contra de los ciudadanos.
Posteriormente dio inicio la sesión de este periodo extraordinario de sesiones y lleva más de una hora la discusión de dicha iniciativa, siendo la bancada del PRI y algunos legisladores del PRD quienes se oponen a que sea aprobada.
La modificación señala en el Artículo 196, que “se impondrá prisión de diez a veinte años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”.
Se advierte que en caso de que el delito sea cometido por un funcionario o ex funcionario, se le aplicará una inhabilitación de 10 años para desempeñar algún empleo o actividad en la administración pública.
El artículo 196 Bis, que es de nueva creación establece que: “Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA”.
Además se agrega que las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.
Más adelante en artículo 299 se protege también a las dependencias estatales y presidencias municipales, al quedar establecido que: “Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA”.
La discusión del dictamen aún continúa y algunas personas que acuden a la sesión también se han manifestado en contra de esta reforma.
afcl
