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Este martes, en la Sesión Ordinaria número 38 del Congreso del Estado, se votó y aprobó por mayoría de votos un dictamen: la tipificación de la violencia vicaria como delito en el Código Penal del estado.
Con 22 votos a favor, una abstención y cero en contra, San Luis Potosí se suma a las entidades del país que ya reconocen esta forma de violencia de género que afecta directamente a mujeres e infancias.
Durante la sesión, la diputada Roxana Hernández Ramírez subió a tribuna para explicar la importancia de este avance legislativo.
“La violencia vicaria es cuando los agresores utilizan a los hijos e hijas como instrumentos para dañar a la madre. Es esa frase que tanto se escucha: ‘el papá le quitó la niña y le dijo que su mamá había muerto’, y mientras tanto la madre vivía bajo amenazas, sin poder acercarse a su hija. Eso antes no tenía nombre, ahora sí: es violencia, es vicaria, y será sancionada”, afirmó.
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El dictamen establece que quienes cometan este delito podrán enfrentar penas que van de los dos a los ocho años de prisión, además de una sanción económica de entre 140 y 200 unidades de medida y actualización (UMA).
“No se trata solo de lo legal, se trata de marcas imborrables, físicas y emocionales, que deja este tipo de violencia en quienes la viven”, subrayó Hernández Ramírez.
El marco de esta aprobación no es casual: el 11 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Violencia Vicaria, fecha que ha cobrado relevancia gracias al trabajo de colectivas y sobrevivientes que luchan por visibilizar esta forma de agresión muchas veces invisibilizada por el sistema judicial.
Una de las voces presentes en el recinto fue la de Claudia Ugalde, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quien también participó en la construcción de la iniciativa, quién compartió que “es un paso enorme. Llevamos mucho tiempo trabajando para que esto se reconozca y se castigue.
La violencia vicaria no inicia con el arrebato de los hijos: comienza con violencia psicológica, económica, hasta que escala a la manipulación y la sustracción. En casos extremos, termina en feminicidio.
Ugalde también hizo un llamado urgente a que los jueces y juezas del estado reciban capacitación adecuada para identificar y sancionar este tipo de violencia como parte de un marco de género más amplio.
“No basta con que esté en la ley; necesitamos que se aplique con perspectiva, que se entienda su gravedad”.
Durante la sesión también se destacó la visita de Carla Ress, activista nacional y acompañante de casos de violencia vicaria, quien celebró este avance legal como un precedente para otras entidades que aún no reconocen este tipo de agresión.
San Luis Potosí se coloca así en el mapa nacional como una entidad que da un paso firme hacia la protección de las mujeres y sus hijos e hijas, ante un fenómeno que por años fue silenciado.
aov/cr
