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El Congreso del Quintana Roo abrogó la Ley de Imagen Institucional aprobada en 2018 durante el mandato del entonces gobernador, Carlos Joaquín González, que pretendía impedir que los edificios de gobierno estatal y municipales, vehículos oficiales, equipamiento urbano –como parques y espacios públicos– y papelería oficial fuesen pintados con colores partidistas.
Esa práctica –aunque no nueva– se había agudizado durante el borgismo (2011-2016), cuando se tapizó el estado con los colores de Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la “marca institucional” de Roberto Borge: El ‘RB-Team’.
Durante el joaquinismo (2016-2022), aunque se respetaron más las formas, ello no evitó que también se echara mano de los colores azul, blanco y amarillo, que identificaban a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que postularon a la gubernatura a Joaquín González, para identificar espacios públicos, equipamiento, edificios y vehículos institucionales.
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El extremo ocurrió en Cancún, en noviembre del 2016. El gobierno del entonces alcalde, Remberto Estrada, militante del Partido Verde (PVEM) pintó de verde las piedras naturales en avenidas y camellones de la ciudad, lo que le valió innumerables críticas, lo mismo por parte de pioneros y fundadores, que en redes sociales.
“La 4T invertida” en Quintana Roo
Durante la sesión 29 del segundo periodo ordinario, como punto de urgente y obvia resolución se sometió a votación la iniciativa para derogar toda la Ley de Imagen Institucional, presentada ayer mismo por la bancada de Morena, coordinada por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso (Jugocopo), Jissel Castro Marcial.
Su argumento es que la ciudadanía “tiene derecho” a sentirse identificada y representada por su gobierno, reconociendo su “identidad gubernamental” para “fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión social en la comunidad”, y que cada gobierno debe utilizar las herramientas de comunicación visual que reflejen su gestión, lo cual “promueve un sentido de identidad y orgullo de la población”.
En la exposición de motivos se llega al grado de señalar que eliminar los colores partidistas promueven la “impersonalización de la comunicación social” y se interfiere en campañas como “El Día Naranja”, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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En respuesta y desde tribuna, el diputado independiente, Ricalde Magaña, afín a la Cuarta Transformación (4T), acusó:
“Aquí hay una 4T invertida” y manifestó que con la ley –ahora derogada– se podrían ahorrar millones de pesos de recurso público, destinándolo para patrullas, mejores sueldos, canchas deportivas u otras acciones a favor de la población y no para replicar las prácticas del pasado.
“¡Ah, no! vamos a volver a pintar los coches amarillos con grecas azules que pintó Carlos Joaquín. Todavía hay escuelas que tienen ‘Beto-betito’ y sus cosas y ‘RB Team’ (que distinguió a Borge)
“Las escuelas del Bienestar, no las han terminado de pintar de Carlos Joaquín y ahora las vamos a borrar. Mejor borramos la ley y volvemos a hacer lo que hacían los otros. La diferencia es que nosotros en la 4T hemos ofrecido ser diferentes”, fustigó.
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El legislador fue más allá y acusó que para derogar la ley “utilizan además” al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“’Es un honor estar con Obrador’, pero su deseo de austeridad republicana y franciscana, para que pueda dar a apoyos sociales que tanto necesita la gente. Aquí hay una 4T invertida. Vamos a gastarlo en pintura para coches, para edificios, para los bienes del estado”, sostuvo.
“Porque las puedo”
Durante la sesión, Ricalde Magaña criticó, en principio, que el asunto se votara como de urgente y obvia resolución, al considerar que no lo ameritaba y que el proceder se asemejaba al “porque las puedo”, aprovechando que Morena tiene mayoría en el Congreso.
Reprochó que en dos ocasiones la aplicación de la Ley fue aplazada “para irla acomodando”, por lo que bautizó al mandato como “la no nacida” y afirmó que “cae en el peor momento de las circunstancias” en pleno proceso electoral.
“Además ¿saben quién propuso esta iniciativa que está siendo criticada de inexacta, de confusa, de que niega la comunicación, de que el gris, el blanco y negro es horrible?: Cristina Torres, nuestra secretaria de gobierno, cuando fue legisladora en la Legislatura anterior”, expresó.
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En realidad, la aseveración de Ricalde Magaña es parcialmente cierta, toda vez que la iniciativa original para expedir la Ley fue presentada por la otrora diputada, Candelaria Ayuso durante la XV Legislatura (decreto 257).
Cristina Torres, en la XVI Legislatura, promovió la modificación los plazos para que ese mismo mandato entrase en vigor después, según el decreto 262.
El antecedente
En diciembre de 2017, la diputada del PRI en la XV Legislatura, Candelaria Ayuso, presentó la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del estado, a fin de evitar que cualquier gobierno en el poder, municipal o estatal usara los colores de su partido para identificar mobiliario, equipamiento y espacios públicos.
Así, la iniciativa establecía los lineamientos para definir y regular el uso institucional de la imagen de los entes públicos y la difusión institucional de las dependencias y entidades, lo cual incluía logotipos oficiales, colores, impresos, eslóganes y símbolos, y determinaba que los colores “institucionales” que debían usarse serían el blanco, el gris y el negro.
Aunque fue aprobada por el Congreso el 26 de septiembre del 2018 y, su decreto –el 257–, publicado el 17 de octubre de ese año, la ley nunca entró en vigor.
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Los plazos originales establecidos en sus artículos transitorios marcaban el inicio de ejecución de la Ley a partir de las administraciones municipales 2018-2021, con cumplimiento total al final del trienio correspondiente.
Para el Poder Legislativo debía aplicarse totalmente para agosto del 2019; para el Poder Ejecutivo, el 1 de agosto del 2022. Y para el Poder Judicial, a partir del 1 de enero del 2020, mientras que para los órganos autónomos el plazo sería enero de 2022.
Aplazan entrada en vigor
Sin embargo, pretextando que era “confusa” y de difícil ejecución al implicar “una reestructuración visual completa”, primero, y luego ante la pandemia por coronavirus COVID-19, la XVI Legislatura (2019-2022) modificó los transitorios con los plazos de ejecución de la ley, el 23 de agosto de 2022.
Conforme al decreto 262 correspondiente, publicado en el Periódico Oficial el 29 de ese mes y año, en el caso de los municipios, la Ley debía aplicarse a partir del inicio de las administraciones municipales 2021-2024, con cumplimiento total a agosto del 2024.
Para el Congreso debía cumplirse en su totalidad en agosto del 2024, al culminar la XVII Legislatura.
El “plazo fatal” –se lee– para el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos iniciaba el 1 de agosto de ese mismo año y para el Poder Judicial debió aplicarse a partir del 1 de enero pasado.
Tiempo después, con la renovación del Congreso, las y los diputados de la actual Legislatura –XVII– Cinthya Millán, Candy Ayuso, Julián Ricalde y Maritza Basurto, promovieron que se adelantara la ejecución del mandato, pero la propuesta fue desechada.
Ahora, la Ley en su totalidad ha sido derogada.
sg/cr
