Más Información
estados@el universal.com.mx
Oaxaca de Juárez.— Conflictos territoriales y agrarios entre comunidades indígenas de Oaxaca han sido un obstáculo del programa para pavimentar caminos rurales a cabeceras municipales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que incluso se ha convertido en un factor que reactiva las pugnas y pone en crisis los acuerdos de paz que se habían alcanzado.
La noche del 14 de julio, un grupo de hombres descargó sus balas contra habitantes de la comunidad de El Espinal, en el municipio de San Miguel Quetzaltepec, en la Sierra norte de Oaxaca. El ataque dejó tres personas muertas y tres más heridas.
Esta violencia no le es ajena a esta región habitada por el pueblo mixe. Desde hace décadas Quetzaltepec mantiene un conflcito limítrofe con San Juan Bosco Chuxnaban, su agencia municipal, que sólo en 2018 dejó cuatro comuneros de esta localidad asesinados.
Pese a esta situación, Quetzaltepec fue elegida como una de las 50 comunidades de Oaxaca con las que iniciaría el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, impulsado por el gobierno de López Obrador y que proyecta beneficiar a 300 municipios durante todo el sexenio.
Para acceder a los recursos, que se dan directamente a la comunidad, Quetzaltepec y Chuxnaban firmaron el 8 de febrero un convenio para iniciar el proceso de paz, impulsado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El acuerdo nunca se cumplió, Quetzaltepec siguió con invasión de parcelas y la construcción de un camino en la zona de disputa, conocida como Rancho Coyul, por lo que habitantes de Chuxnaban denunciaron a EL UNIVERSAL que “todo fue un simulacro para obtener el programa de pavimentación a las cabeceras municipales”.
Suspenden programa. Según Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, actualmente existen al menos tres focos rojos en Oaxaca, en los cuales el programa de caminos tuvo que ser frenado por los conflictos violentos, en su mayoría agrarios.
Además del caso de Quetzaltepec, los otros son el conflicto postelectoral en San Juan Ozolotepec y el de Santa María Ecatepec contra San Lucas Ixcontepec; ambos casos en la región de la Sierra sur.
Como resultado de esta última disputa, en julio de 2018, 13 habitantes de Ecatepec fueron masacrados en los terrenos en pugna, presuntamente por sus vecinos.
En entrevista, Hugo Aguilar asegura que la intención de este programa del gobierno federal no es acentuar, sino atenuar estos conflictos, por lo que se busca evitar la polarización de las comunidades.
“La indicación que tenemos es que los programas no pueden generar más conflictos, cuando se detecta un foco rojo, mejor se suspende y se busca comenzar el proceso de paz”, afirma.
La ruptura del acuerdo de paz de las comunidades impulsado por autoridades del INPI o de la Secretaría General de Gobierno (Segego) no es algo nuevo en Oaxaca.
Sólo en lo que va del año, tres acuerdos de paz, que en su momento se anunciaron como “históricos”, fueron violados por alguna de las comunidades involucradas.
Además del caso Quetzaltepec, en la Sierra norte, la disputa entre Ayutla y Tamazulápam —poblados mixes— mantiene sin agua potable a 3 mil personas de Ayutla.
El tercer caso también se registra en la Sierra sur, se trata de la pugna entre Santa Catarina Juquila y su vecino Yaitepec, en el cual el gobernador Alejandro Murat aseguró que por tratarse de un tema agrario, se solicitaría la intervención del gobierno federal.
