La Paz, BCS.- Una protesta de jornaleros agrícolas en el norteño municipio de Mulegé, reveló las persistentes condiciones de violencia laboral y el maltrato que reciben, particularmente la población indígena y agromigrante radicada en aquella región de Baja California Sur.
Los jornaleros tomaron las instalaciones del rancho El Piloto, de la empresa Baja Best, ubicado en Vizcaíno (700 kilómetros al norte de la capital del estado, 12 horas de trayecto en automóvil) en demanda de la falta de pago de aguinaldos correspondientes al 2023.
Los trabajadores han estado protestando en el transcurso de esta semana hasta que lograron que las autoridades acudieran a una visita de inspección.
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El caso ya llegó al Congreso local donde las diputadas Hilcia González Márquez y Eufrocina López Velasco hicieron un pronunciamiento y denunciaron que observaron las “condiciones inhumanas” en que viven los jornaleros.
“Tienen falta de suministro de agua potable y de energía eléctrica en algunos cuartos -donde viven- y la cancelación de servicios de guardería y de transporte hacia el poblado para realizar compras”.
Las diputadas confirmaron que los 269 jornaleros agrícolas “cansados y llenos de impotencia” tomaron las instalaciones de la empresa ante la falta de pago y criticaron la actitud de la empresa.
“Es inaceptable que este grupo tan vulnerable de personas de 70, 80, incluso 90 años tengan que realizar trabajos forzosos y no cuentan con pensión y jubilación que por ley les corresponde y que han adquirido desde 1970”, expresó González Márquez.
Cuestionan “privilegios” a empresarios
En tanto, la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de BCS, remarcó que la toma de las instalaciones “deja ver la desesperación” de más de 200 familias que residen en el rancho y dijo lamentar que estos hechos sigan ocurriendo y tampoco sean castigados.
“Se siguen suscitando casos de impunidad en los que los patrones cometen faltas, sin temor alguno. No debemos anteponer los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable”, enfatizó.
Las diputadas indicaron que los trabajadores enfrentan una explotación laboral muy precisa.
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“Realizan 60 horas semanales sin contrato laboral, y sus condiciones de trabajo son en ambientes peligrosos, con exposición a agroquímicos, pesticidas e insolación, además, explotación infantil, acoso y abuso sexual a mujeres, carencia de prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos”.
Sostuvieron que en el tema lo atienden ya autoridades federales y estatales y darán seguimiento a que se cumpla con la ley, con el pago y se mejoren las condiciones de vida de los jornaleros.
Acuerdan pago de adeudos
El secretario del Trabajo del estado, Omar Zavala Agúndez, por su parte, declaró que se entabló un diálogo con los propietarios de la empresa quienes, según dijo, por “temas administrativos” habían incumplido con el pago, pero aseguró que el compromiso fue que la próxima semana queden cubiertas las prestaciones contractuales pendientes.
“Lo más importante es el diálogo. Los compañeros trabajan de sol a sol y gracias a ellos los ranchos tienen vida y debemos ver por que se les pague lo justo…hay que entender que a veces los empresarios, grandes o pequeños, a veces también tienen circunstancias administrativas y fue el caso de ellas, pero poco a poco se irá restableciendo y se les pagará lo justo a los más de 200 trabajadores”, aseguró.
Los jornaleros habían venido denunciando la falta de pago y las condiciones laborales desde hace semanas; no obstante, las protestas se agudizaron a partir del lunes pasado con reclamos públicos en la zona, increpando a sus jefes y ello obligó a la presencia de autoridades y diputadas.
“¿Qué es lo piensan hacer?¿Hasta dónde quieren que llegue la gente? Nadie se ha arrimado aquí a darnos apoyo. Aquí todos vivimos al día”, expresó uno de los jornaleros en protesta, encarando a la diputada Eufrocina López.
Según información de vecinos de Vizcaíno ayer por la noche se habrían comenzado a realizar los primeros pagos de los aguinaldos que la empresa debió cubrir desde diciembre de 2023. No obstante, no habían determinado aún liberar las oficinas hasta no lograr el pago a la totalidad de los trabajadores.
La región de Vizcaíno es identificada como una zona de ranchos agrícolas en BCS, con población migrante, mayoritariamente indígena y no es la primera ocasión que se evidencian condiciones de abuso laboral.
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