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Debido a la violencia que desde 2021 se ha recrudecido en la zona serrana donde confluyen los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, la comunidad wixárika de Tatei Kie San Andrés Cohamiata, del municipio de Mezquitic, Jalisco, solicitó al Congreso del estado legislar para que se reconozcan los mecanismos de seguridad interna de las comunidades indígenas y poder así implementar la autoprotección.
Mediante un comunicado, la comunidad señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han considerado en su justa dimensión los repuntes de violencia que se han dado en la región, principalmente desde 2021, cuando grupos delictivos que están en disputa bloquearon la entrada y salida a las localidades de la zona al colocar un retén durante una semana en el crucero de Santa Cruz, por donde pasa la carretera federal que va de Tepic a Aguascalientes, que constituye la única vía de comunicación y de abasto de alimentos par quienes viven en esa zona.
“Quienes integramos la comunidad de Tatei Kie San Andrés Cohamita, habitamos en 20 localidades distribuidas en un territorio comunal de 74,940 hectáreas, que en su totalidad conforman un polígono irregular colindante con los estados de Nayarit y Zacatecas. Gran parte de esta población son jornaleros agrícolas, por lo que se trasladan principalmente en transporte público a los campos agrícolas ubicados en los estados de Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Así mismo, derivado de nuestras prácticas espirituales, los integrantes de nuestras comunidades nos trasladamos dentro y fuera de nuestro territorio comunal para realizar ceremonias tradicionales en los lugares sagrados ubicados en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí”, expone el comunicado para dar cuenta de la relevancia de esta carretera para la comunidad.
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Los wixaritari señalaron que en esta vialidad se sigue despojando de vehículos y posesiones a comuneros y servidores públicos; además recordaron el último incidente en esta carretera, cuando el pasado 1 de octubre, a la altura del rancho Las Cabezas cuatro comuneros, entre ellos una mujer, fueron privados ilegalmente de la libertad por un grupo delictivo.
Aunque en esa ocasión los captores decidieron libera a los comuneros después de golpearlos, la ausencia de la mujer derivó en la muerte de su nieta, una niña de cuatro años que se quedó sola cuando los delincuentes se llevaron a su abuela y fue picada por un alacrán sin que nadie pudiera auxiliarla a tiempo.
“En este momento una de las situaciones más apremiantes es la falta de seguridad pública y la garantía del servicio de salud derivado de las condiciones de seguridad en la zona, ya que los únicos hospitales se encuentran en la cabecera de Jesús María, municipio Del Nayar, Nayarit, y Huejuquilla El Alto, Jalisco”, indica el documento.
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Así, ante las “deficiencias del Estado” para brindarle seguridad, la comunidad pide al Congreso de Jalisco “legislar para el reconocimiento de mecanismos de seguridad interna de las comunidades indígenas en el marco de nuestra libre determinación y autonomía”.
Además, solicitaron al gobierno federal un plan de acción emergente para garantizar la seguridad en la región y superar la situación de aislamiento geográfico de las comunidades de esta zona, la instalación de una base del Ejército o la Guardia Nacional en el rancho Las Cabezas, y garantizar los servicios básicos como el suministro de luz, la salud y los programas sociales.
En tanto, al gobierno de Jalisco le piden implementar mayor patrullaje en los caminos y la carretera que conecta las comunidades, garantizar el suministro de servicios básicos y programas sociales y la asignación de dos vehículos para prevenir y atender casos urgentes de seguridad comunitaria.
Finalmente, al gobierno municipal de Mezquitic, le solicitaron instalar una red de radiocomunicación en las 20 localidades que conforman la comunidad de Tatei Kie y tenga comunicación directa con los cuerpos de seguridad estatales y federales.
aov/cr
