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Miembros de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, población de la Cañada de Oaxaca, anunciaron una protesta frente al Poder Judicial de la Federación que se ubica en Boca del Río, Veracruz, para exigir que sean resueltos más de 15 amparos para frenar las órdenes de aprehensión que existen en su contra y para demandar que cese la persecución judicial.
Desde hace más de 10 años, explicaron, la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón ha sido violentada por un grupo neo-caciquil, y sostuvieron que su estrategia ha sido la persecución selectiva, la fabricación de delitos, el hostigamiento y ataque a la organización comunitaria, con el objetivo de impedir la autodeterminación y explotar los recursos naturales.
"Mientras la mirada del Estado y sus gobiernos sólo ha sido complice de los estratégicos ataques en la larga lucha del pueblo mazateco que exije libertad para sus defensores y defensoras perseguidos y justicia para su río Xangá Ndá Ge".
Alrededor de 56 habitantes de la comunidad enfrentan procesos judiciales por diversos delitos. Algunos de ellos son responsabilizados por el asesinato de Manuel Zepeda, hijo del expresidente municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Manuel Zepeda (a quien señalan de ser un cacique en la población) y hermano de la diputada local Eliza Zepeda; otros, por delitos de daños y daños por incendios.
Recientemente la profesora mazateca Olga Maribel Betanzos fue una de las perseguidas entre 56 habitantes de Eloxochitlan con más de 200 órdenes de aprehensión. "Una maniobra jurídica que busca seguir criminalizando a la comunidad. El juez Constantino Santiago del Juzgado de Huautla de Jiménez , Oaxaca, dictó el 11 de julio auto de libertad por los delitos que era acusada", apuntaron.
Sin embargo, señalaron que pese al resultado, la justicia aún no llega para 55 defensores y defensoras del territorio mazateco, criminalizadas y en riesgo de ser detenidas, porque el juez, en un acto que "devela la cínica corrupción del sistema judicial" declaró en la resolución la existencia, en el caso, de un delito que no existe y de otro que ha prescrito.
El próximo 18 de agosto tres miembros de la comunidad que enfrentan estos procesos judiciales acudirán al Juzgado Mixto de Huautla esperando conseguir su libertad.
También recordaron que varios integrantes de la comunidad, criminalizados desde hace 10 años, han sido desplazados por la persecución, y su situación expone uno de los mayores ejemplos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la comunidad. "El despojo es múltiple. La exigencia de justicia para los desplazados continúa, esperando que puedan volver a sus casas", apuntaron.
La protesta en la sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río, Veracruz, se realizará el 2 de septiembre "esperando sean resueltos más de 15 amparos promovidos para frenar las órdenes".
afcl/LL
