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Culiacán.— Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de defensa de los derechos humanos plantearon celebrar con urgencia una mesa de dialogo con autoridades para acordar medidas precautorias, a fin proteger las vidas y la seguridad de las rastreadoras, luego del asesinato de una de sus activistas, Rosario Lilián Rodríguez Barraza.
En un pronunciamiento dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya y a la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñónez, señalaron que el trabajo de búsqueda que realizan es de alto riesgo, pues reciben amenazas veladas o abiertas, además de que en algunos casos se han abierto carpetas de investigación, sin que se tenga registro de alguna consecuencia contra quienes las agreden.
En el documento, suscrito con las firmas como responsables de Óscar Loza Ochoa, Eva Luz Llenes y Micaela González Heras, se menciona que “la impunidad se ha convertido en el mayor incentivo para quienes llevan a cabo el delito de desapariciones forzadas de personas y de las amenazas contra las familias de las víctimas”.
El documento fue avalado por 22 colectivos; el crimen que lo detonó ocurrió la noche del pasado martes en la Cruz de Elota, cuando Rosario Lilián, madre rastreadora, fue sacada de su hogar con lujo de violencia y asesinada.
En el velorio de la activista, los deudos le solicitaron al gobernador Rubén Rocha, quien acudió para dar sus condolencias, su apoyo para localizar al hijo de Rosario Lilián, Fernando Abixahy “N”, de 22 años, desaparecido por un grupo armado el día 16 de agosto de 2019.
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