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Saltillo.- El Gobierno del Estado de Coahuila promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda contra el Congreso de la Unión por la aprobación, promulgación y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan B de la Reforma Electoral.
La demanda se promovió contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Poder Legislativo es señalado de incurrir en una controversia constitucional que viola la soberanía presupuestal de la entidad y de los municipios.
“Esta reforma se traduce en una invasión de facultades que constitucionalmente le corresponden de forma única y exclusiva a los poderes locales y no a la federación, como lo es la aprobación del presupuesto de egresos por parte del legislativo estatal”, señala la demanda promovida por el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.
Además esta ley impugnada es inconstitucional porque ya existe un presupuesto debidamente aprobado por el Congreso del Estado para este ejercicio 2023 para los 38 municipios.
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Sin embargo pretende modificar de forma indebida las bases conforme a las que se ejerce de manera transparente el presupuesto aprobado.
Por lo anterior, el Gobierno de Coahuila exige el restablecimiento del orden constitucional a fin de que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado
“Por eso defiende los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos”, subraya.
Lo cual, señala la querella presentada este viernes, no sería posible de prevalecer la reforma aprobada en el Congreso Federal.
Asimismo, la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís confía en que las y los ministros de la SCJN resuelvan esta controversia constitucional a favor del pueblo de Coahuila.
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afcl