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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió en defensa de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete , militante del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena) , quien presentó una queja en contra del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por probables actos de intimidación en el contexto de la jornada electoral del 6 de junio pasado.
La alcaldesa, quien contendió en esta elección para reelegirse en el cargo por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, acudió personalmente a la sede de la CNDH, en la Ciudad de México y dijo a la titular, Rosario Piedra Ibarra, que ha enfrentado “ violencia sistemática” por parte del gobierno joaquinista.
En su queja, la edil incluyó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Antonio León Ruíz y al fiscal general, Óscar Montes de Oca, como parte de los agravios que, asegura, padecen sus familiares y equipo de trabajo.
Beristain Navarrete
expuso a Piedra Ibarra que, previo y durante esta jornada electoral, “se vivió una elección de Estado ”, en la que hubo cateos irregulares al domicilio de su familia -el seis de junio- y se detuvo a 15 personas de su equipo y empleados del ayuntamiento que preside, acusados de delitos electorales , cuya situación legal se desconoce.
Como parte de la queja se solicitaron medidas cautelares para la edil en funciones, su familia y las 15 personas detenidas entre el cinco y el seis de junio, en posesión de dinero y papelería electoral para la probable compra de votos y credenciales de elector, esto último, informado por autoridades estatales.
La respuesta de la CNDH fue prácticamente inmediata. En un comunicado, el organismo se pronunció “en contra de la violencia política y por el derecho a la democracia en Quintana Roo”.
En el escrito -sin prejuzgar sobre la veracidad de lo denunciado- se exhortó al gobernador, al presidente del Poder Judicial y al fiscal, a “cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” el derecho humano a la democracia, lo cual “implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores” del municipio de Solidaridad.
Beristain pide cobijo de la 4T
Entrevistada por separado, la alcaldesa indicó que, debido a la situación, “fui a buscar la protección del gobierno federal”, pues, afirma desde el gobierno estatal se desplegó “una cacería de brujas”, motivada por “el deseo permanente de Carlos Joaquín de controlar Solidaridad”.
Hasta el momento -dice su abogado, Francisco Mata- Beristain ha interpuesto, además de la queja ante la CNDH, tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y ante la Secretaría de Gobernación (Segob). La munícipe se reunió en esta semana con la titular, Ólga Sánchez Cordero.
Las denuncias presentadas se centran sobre lo ocurrido en el primer minuto del seis de junio, cuando un promedio de 25 elementos de la Secretaría de Seguridad pública y de la Fiscalía del estado, llegaron a su casa, ubicada en calle 80, entre la quinta y la avenida 10 de Playa del Carmen, y catearon el inmueble, bajo el argumento de que había material electoral y se operaba desde ahí para maniobrar la elección, induciendo al voto.
En la casa se encontraban sus hermanos, Luz María y Juan, ex senadora y ex síndico de Solidaridad, respectivamente. Ambos se encuentran también entre los agraviados en las denuncias y queja ante la CNDH.
“Después de una hora y media no encontraron nada. Solo entraron con brusquedad, amedrentaron, amenazaron, intimidaron. Afuera montaron un operativo, acordonando calles aledañas, asustando a la gente y, por supuesto, inhibiendo con ello el deseo de salir a votar. Se fueron”, dijo.
A cinco cuadras de su casa detuvieron a 15 personas, que ella llama “presos políticos”. Se trata de elementos de su equipo de campaña y funcionarios del ayuntamiento que preside.
Los reportes de autoridades policiacas y ministeriales entre el domingo y el lunes pasado, dan cuenta de esa detención por probables delitos electorales, ya que entre estas personas había quienes llevaban consigo 100 mil pesos en efectivo para la compra de credenciales de elector o copias de éstas.
A otros les encontraron vales que se entregaban a cambio de votos a favor de un partido político -no se especificó cuál- y se les aseguraron copias de material electoral.
Beristain Navarrete responde que esos informes oficiales son mentira y que se están inventando cargos y armando expedientes a modo y citó, además, el caso de su director de Seguridad Pública, Jorge Robles, a quien afirma, desde el Instituto Electoral de Quintana Roo “le tendieron una trampa”, solicitando su intervención en el Consejo electoral, para luego acusarlo de obstaculizar a servidores públicos, ejerciendo violencia policial. Ya le abrieron una carpeta de investigación, añade.
“El tema de fondo es el control de Solidaridad, que han querido recuperar desde el 2018. Detrás está la violencia política. Han sido tres años muy difíciles”, dijo, al recordar que es el único municipio en donde no aplica el Mando Único y se mantiene como un lugar “de paz y tranquilidad”.
La realidad es que los índices delictivos de Solidaridad siguen siendo muy altos, en comparación con el resto del estado. El Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE), que se nutre del Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo Nacional, reporta un incremento en delitos como homicidio culposo, trata de personas y narcomenudeo.
Aunque el delito de extorsión (cobro por derecho de piso) no ha aumentado, el municipio registra la tasa de incidencia más alta de todo el estado. En ese municipio desapareció el hijo del dueño de Price Travel; se han registrado diversos homicidios y feminicidios.
La alcaldesa también ha sido denunciada por probables actos de corrupción para la remodelación de la Quinta Avenida, el principal corredor turístico de Playa del Carmen y la empresa a la que adjudicó la obra -Xuanxum S.A. de C.V.- enfrenta denuncias ante la Fiscalía General por el delito de usurpación de identidad, en agravio de Lorenzo Manrique Rosado, de 86 años, quien figura como socio al 50 por ciento para la constitución de la compañía -2013-, sin éste estar enterado ni formar parte de la misma.
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