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Cancún.— Mientras representantes de la Red de Bienestar Animal de Quintana Roo pidieron al Congreso del estado no ceder a presiones para modificar la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe las peleas de gallos y corridas de toros, empresarios taurinos y de palenques denunciaron violaciones en el proceso legislativo que dio origen al nuevo mandato, invocaron agravios a los usos, costumbres y tradiciones mayas y argumentaron la pérdida de 20 mil empleos.
El choque de posturas ocurrió ayer en la representación del Congreso local, en Cancún, donde los diputados sostuvieron una reunión privada con integrantes de la Red de Bienestar Animal, para exponerles argumentos avalados por especialistas, que sustentan la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y uso de caballos en calesas, contenida en la Ley.
Para los promotores taurinos y de palenques, la ley aprobada por el pleno del Congreso local implica “la destrucción de valores culturales, de tradiciones y empleos”.
Mientras, para los defensores de los animales, el nuevo mandato significa acabar con el negocio de la explotación, uso, maltrato, tortura, exhibición y muerte de toros y gallos, amparada en usos y costumbres que no forman parte de la tradición maya.
Al término de la reunión, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, admitió que por un “error”, la Ley de Bienestar Animal fue aprobada con la prohibición a corridas de toros, peleas de gallos y calesas tiradas por caballos.
Además, explicó que no se incluyeron las sanciones de la conducta prohibida, por lo cual, se trata de una ley imperfecta.
En los hechos, al no ser todavía publicada en el Periódico Oficial del estado, no ha cobrado vigencia y, debido a que el Congreso está en receso, será hasta el siguiente periodo extraordinario, el 5 de septiembre, cuando el tema sea debatido, lo que tocará a la siguiente Legislatura, que entra ya en funciones.
Por el momento, indicó, el asunto está en manos del Ejecutivo del estado, con la publicación o no de la Ley del Bienestar Animal, ya aprobada desde hace casi dos meses, y el Congreso ha organizado foros en municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas —por ejemplo— para conocer la opinión de la ciudadanía.
