Juchitán.— El presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, Zósimo Hernández, advierte, “para que nadie dude”, que en la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la zona noreste de la selva zoque, los ganaderos del ejido chiapaneco Cal y Mayor no tendrán oportunidad de conciliar. “¡Van a tener que irse a otro lado!”.
El viernes 12 de noviembre de 2021, un día después del fallo de la SCJN a favor de Oaxaca en la controversia constitucional 121/2012, ganaderos de Cal y Mayor se concentraron en la plaza pública con el rostro cubierto y armados con rifles de alto poder, según videos y fotografías que difundieron, rechazaron la sentencia y amagaron con defender las tierras con sus vidas.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), Jesús Romero López, antes de que concluya abril se instalará la mesa de diálogo con las comunidades de la zona noreste de Los Chimalapas, en la que deberán participar comuneros zoques de Chiapas y representantes del gobierno de Oaxaca.
Leer también: “Los Chimalapas no se resuelve de la noche a la mañana”
En esa mesa, precisa Zósimo Hernández, “vamos a ratificar que los ganaderos de Cal y Mayor, así como los del ejido chiapaneco Canaán concilien”.
Ellos, recuerda el dirigente zoque, tuvieron la oportunidad de conciliar entre 1991 a 1993, pero no sólo desistieron, sino que alentaron a otras comunidades a rechazar la propuesta de Los Chimalapas, que buscaban pacificar la zona noreste.
Cal y Mayor es un ejido del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que se creó el 26 de abril de 1971, después de que Santa María Chimalapa obtuvo su resolución presidencial en marzo de 1967.
Lee también: Gobierno de Chiapas asume compromiso con la legalidad tras fallo sobre caso Chimalapas
A Cal y Mayor el gobierno federal le dotó de 9 mil 200 hectáreas que supuestamente eran tierras nacionales, pero que en los hechos pertenecían a Oaxaca.
El 20 de abril pasado, representantes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa se reunieron con la Secretaría de Gobernación (Segob) y representantes de los gobernadores de Chiapas y Oaxaca para acordar la instalación de la mesa de diálogo durante esta semana.
Además de los 200 ejidatarios de Cal y Mayor, cuyo desalojo exigen Los Chimalapas, están 150 pobladores de Canaán que se resisten a ser reubicados de 3 mil 900 hectáreas que pertenecen a Santa María.
“Ambas localidades perdieron su oportunidad de conciliar”, reitera el comisariado Zósimo Hernández, acerca de los reclamos de los pobladores.
En opinión de Miguel Ángel García Aguirre, del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, el gobierno de Oaxaca debe acompañar a los zoques para que lo más pronto posible inicien los trabajos de brecheo y amojonamiento en la delimitación de la zona noreste para evitar confrontaciones.
Paz en la zona oriente
Mientras tanto, en la zona oriente de San Miguel Chimalapa, donde conviven los ejidos chiapanecos de Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa con las comunidades zoques de San Antonio y Benito Juárez, hace años que la violencia ha estado ausente.
“Las familias de las comunidades chimalapas se han entrelazado con las de los ejidos chiapanecos, unos de acá se han casado con las de allá, y eso ha ayudado a mantener la paz, pero debe hacerse el brecheo, por un lado, y por otro, debe plantearse la nulidad”, dice doña María García, activista de San Antonio.
En esta comunidad, adelanta, hay un espíritu de conciliación con todos los ejidos, “y esperamos que si procede la nulidad de ellos, podamos conciliar para que acepten vivir bajo el estatuto comunal de San Miguel Chimalapa y nadie sea desalojado de sus predios. Será un proceso muy duro”, reconoce.
Desde que las comunidades chimalapas rechazaron con firmeza la pretensión del gobierno de Chiapas de crear en el ejido Rodulfo Figueroa el municipio Belisario Domínguez, y luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las relaciones entre los pobladores han mejorado tanto que comparten familias y también necesidades.
“En cuanto a las necesidades, el gobierno de Oaxaca tiene otro reto mayor. Estamos olvidados. No tenemos un buen servicio médico, la educación es deficiente, la vida es precaria y el hambre pega duro entre todas las familias. Ni siquiera contamos con un buen camino. Cada que llueve quedamos incomunicados”, expone doña María.