Chilpancingo.— Eran las 11 de la mañana del 6 de octubre de 2024, el alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán, se encontró con parte de su equipo para ir a entregar ayuda a damnificados por el huracán John a la comunidad de Tepechicotlán. Salieron en tres vehículos. El edil manejó una camioneta. Lo acompañaban integrantes de su equipo de Comunicación Social, varios de sus 18 escoltas y otros colaboradores.
A las 11:49 de la mañana, cuando cruzaban el poblado de Petaquillas, Arcos Catalán llamó al encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, el capitán en Justicia Militar del Ejército en retiro, Germán Reyes.
A Reyes, el alcalde lo nombró tres días antes como encargado, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cuando llegaron al crucero de la comunidad de Tepechicotlán, el edil bajó de su vehículo y ordenó al conductor de otra de las dos camionetas, donde iba parte de la ayuda, que se bajara. Les dijo que a partir de ese punto llevaría la ayuda solo y le pidió a todos que lo esperaran, incluidos sus escoltas.
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Las declaraciones de los escoltas y funcionarios, según la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), coinciden en esa versión, también en que a las 5:20 de la tarde, Carlos, el hermano de Arcos Catalán, les avisó que habían hallado un cadáver decapitado en una camioneta, en la calle Moctezuma de la colonia Villas del Roble, frente al hotel Real Morely, en Chilpancingo, la capital estatal.
El cadáver del alcalde fue abandonado a las 4:40 de la tarde frente al hotel por dos hombres. Uno conducía la camioneta y el otro lo acompañaba en una motocicleta negra. El primero abandonó el vehículo y colocó la cabeza del alcalde sobre el toldo y de inmediato se fueron en la motocicleta. Todo quedó grabado en las cámaras del hotel.
De acuerdo con la necropsia, Arcos Catalán pudo haber sido asesinado 40 minutos antes de que abandonaran su cuerpo.
Los dos hombres fueron identificados como El Michoacano y El Jimmy, pero la fiscalía no lo ha corroborado, pese a tener los videos en su poder. A El Michoacano, la fiscalía lo acusa de ser el autor material del asesinato del alcalde.
En la camioneta, según los peritajes, se halló una credencial del INE, tarjetas bancarias, un bote con agua manchada de sangre y en el asiento de copiloto, el cadáver de Arcos Catalán. Uno de los peritajes indicó que la causa de muerte del edil fue hemorragia masiva por decapitación.
Un año de impunidad
De esa mañana ya pasó un año y el crimen que sacudió a Guerrero sigue impune.
La FGE detuvo al capitán del Ejército en retiro Germán Reyes, quien es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Arcos Catalán. El motivo sería que el alcalde se negó a entregar cargos de su administración a Los Ardillos.
A la fecha, el militar —único detenido por este caso— no ha sido sentenciado por la fragilidad de la acusación en su contra.
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Este 23 de septiembre comenzó el juicio oral de Germán Reyes. La FGE presentó cuatro pruebas en su contra, entre ellas el testimonio de un comerciante que fue asesinado, un correo anónimo, información en redes sociales y una llamada de Arcos Catalán a Reyes.
Una paz que no llega
Veinte días después del homicidio del alcalde, 17 pobladores de la comunidad de Chautipan, en la sierra de Chilpancingo, desaparecieron tras entrar al poblado de Tlanicuilulco, en Quechultenango —bastión de Los Ardillos—, a vender trastes.
Los cadáveres de 11 de los pobladores fueron abandonados en la batea de una camioneta en Chilpancingo, en la salida hacia Acapulco. De esta masacre, el Ejército acusó directamente a Los Ardillos y anunció una operación con 400 soldados para rescatar a los pobladores.
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El 16 de agosto pasado fueron masacrados en una emboscada 12 autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), en la comunidad de El Cortijo, en Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero.
Apenas el pasado 3 de septiembre fue asesinado el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, en Tixtla.
El gobierno federal también acusó a Los Ardillos por este crimen.
Justo a un año del homicidio del alcalde, volvió la tensión a la capital de Guerrero. La semana pasada, durante tres días, la ciudad se paralizó nuevamente cuando asesinaron a dos trabajadores de la venta y distribución de pollo; luego atacaron una Urvan del transporte público. Ante el miedo, la gente se resguardó, los choferes suspendieron el servicio y se cerraron las escuelas.
La ciudad retomó sus actividades de un día para otro, sin ninguna explicación, sin que se informara la detención de un criminal; todo volvió a la normalidad luego de que las autoridades ordenaron la reanudación de las clases y del transporte.
Los antecedentes
El asesinato del alcalde de Chilpancingo forma parte de una ola de violencia que desde hace cuatro años tiene en la mira a la ciudad de Chilpancingo. El homicidio del edil es la cumbre de esa crisis.
Arcos Catalán llevaba seis días como alcalde cuando fue asesinado. Sin embargo, tres días antes de que tomara protesta en el cargo —el 3 de octubre— fue asesinado Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien sería secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo. También mataron al secretario del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia Gutiérrez.
Antes de estos asesinatos, Chilpancingo ya se había paralizado por lo menos tres ocasiones a causa de la violencia, los homicidios, desapariciones y ataques al transporte público.
En 2024 la crisis de violencia comenzó con el hallazgo de siete cabezas y un mensaje contra la entonces alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez (Morena); en una cartulina el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, le pedía una nueva reunión.
Luego vino la serie de asesinatos a trabajadores de venta y distribución del pollo y de choferes.
Desde entonces la violencia no ha parado en Chilpancingo. Los momentos de tranquilidad han sido por treguas establecidas entre Los Ardillos y Los Tlacos, las dos organizaciones criminales que disputan el control territorial y, según ha dicho el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, también el comercio.
Las treguas siempre se sostienen en alfileres. El sábado, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Jesús González Hernández, explicó que la tregua entre ambos grupos criminales se rompió hace un año y es necesaria establecer una nueva, que por lo menos reduzca la violencia. Para ello, dice, la Iglesia está dispuesta a ser mediadora.
“Nosotros nos ofrecemos como mediadores de paz de todas las instituciones, sobre todo las que tienen el poder, las que tienen los recursos, las que tienen los mandos, para que haya confianza y se llegue a un consenso”, expresó.
