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Los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) , Morena y el estatal Chiapas Unido, renunciaron a más de 21 millones de pesos de sus prerrogativas para que se apliquen en la emergencia sanitaria por Covid-19 en Chiapas, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El órgano electoral precisó en un comunicado que no compete al IEPC, sino al Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar los recursos de los partidos políticos, aunque el órgano local sí puede validar las solicitudes que se presenten para renunciar a una parte de los financiamientos.
Morena renunció al 50 por ciento de sus prerrogativas, que comprende el período de mayo a diciembre de 2020, por un monto de 17 millones 352 mil pesos; Chiapas Unido renunció a su partida presupuestal, del periodo de mayo a septiembre, por un millón 179 mil pesos, asimismo el PVEM renunció a sus recursos de mayo a julio, por 2 millones 767 mil 872 pesos.
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El acuerdo fue aprobado por el IEPC en sesión extraordinaria virtual, donde se estableció que los recursos serán reintegrados a la Secretaría Estatal de Hacienda, que será la responsable de aplicarlos al sistema público de salud de Chiapas para enfrentar el coronavirus, según lo solicitaron los tres partidos políticos.
La renuncia a esos recursos, precisó el Instituto de Elecciones , puede aplicarse exclusivamente a las ministraciones mensuales que aún no hayan sido depositadas en las cuentas partidistas correspondientes. Los consejeros electorales aprobaron además el procedimiento y los criterios en casos de posteriores renuncias de partidos políticos por esa misma causa.
Aclaró también que una vez que se reintegren a la Secretaría de Hacienda de Chiapas las prerrogativas a las que renuncie un partido político local, el órgano electoral "no dispone de ninguna atribución para dar seguimiento al destino de dichos recursos”.
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Otro aspecto fundamental es que los partidos políticos deben cumplir con el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, ya que la renuncia a prerrogativas no elimina su obligación de destinar anualmente el financiamiento público para tales obligaciones , subrayó el IEPC.
